Casi inminente, la ejecución de Tamayo pese a llamados de clemencia

Casi inminente, la ejecución de Tamayo pese a llamados de clemencia

Washington. La ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias este miércoles en Texas es inminente, a pesar de las intensas negociaciones diplomáticas de último momento y manifestaciones que denuncian la violación del derecho internacional.

Tamayo Arias, de 46 años de edad, debe ser ejecutado con la inyección letal a las 18:00 horas, tiempo local (23:00 horas GMT) en la cámara de la muerte de Huntsville, en Texas (sur). Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentan a último minuto evitar la muerte del mexicano, condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, pero privado de sus derechos consulares, en violación de la Convención de Viena.

La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares, tras ser informado de sus derechos.

El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004, al determinar que se le había proporcionado un “procedimiento justo”.

“Estamos decepcionados por este fallo”, afirmaron los abogados de Tamayo Arias al anunciar su intención de “continuar luchando por el derecho de Edgar a que se revise su caso”. Sus apelaciones pueden llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que puede expedirse a último momento.

Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian “la violación vergonzosa del derecho internacional” tanto en este caso como en los de unos cincuenta mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

La ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández de 44 años, fue fijada el martes para el 9 de abril en Texas.

“Continuaremos intentando que se respete este fallo (de La Haya) antes de cada ejecución, pero, a final de cuentas, estas decisiones están en las manos de los Estados”, afirmó recientemente Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina.

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