Preocupante, manejo de información y del proceso de los estudiantes por parte de autoridades: Navarro

Preocupante, manejo de información y del proceso  de los estudiantes por parte de autoridades: Navarro

A pesar de que ya se anunció que a más tardar el próximo jueves los cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural de San Marcos (acusados de secuestro exprés) serán puestos en libertad, el ex procurador general de Justicia de Zacatecas, Aquiles González Navarro, consideró que ha sido preocupante el manejo de la información y del proceso de los jóvenes por parte de las autoridades estatales.

Explicó que, desde un inicio, se declaró que los delitos por los que fueron acusados los normalistas eran graves: secuestro, asociación delictuosa y robo agravado.
No obstante, comentó que en estas denuncias se distorsionaron los términos del derecho y hubo una “perversión en la aplicación de la ley”, ya que se les quiso imputar hechos de una gravedad mayor a los que en realidad cometieron.

González Navarro expuso, en primer lugar, que no hubo secuestro alguno debido a que, para que una acción sea considerada como tal, debe haber una petición de rescate de los secuestradores o amenazas de atentar contra la vida de la víctima.

Por tanto, sostuvo que no existió este delito, pero reconoció que lo que sí pudo llevarse a cabo es la privación ilegal de la libertad de una persona. Sin embargo, aclaró que esto dista mucho del secuestro, principalmente en la pena que pueden tener quienes lo cometan.

A diferencia de los 20 a 40 años de prisión que se determinan para el más grave, y que fue lo que aseguró el procurador Arturo Nahle García que podrían obtener los estudiantes, la privación de la libertad únicamente puede tener una sentencia de entre tres meses y tres años de cárcel con derecho a fianza, de acuerdo al artículo 265 del Código Penal del Estado de Zacatecas, comentó González Navarro.

De igual forma, negó que haya existido el delito de asociación delictuosa como afirmaron las autoridades, ya que esta acusación sólo tiene cabida si un grupo de personas se organiza de manera permanente con el fin de delinquir y reconoce una jerarquía entre sus miembros.

Añadió que también se desvirtúa la acusación de robo agravado, puesto que no se apropiaron del vehículo de la empresa refresquera para quedárselo, sino tan sólo para utilizarlo por un tiempo determinado. Por ello, este último delito sería el de robo de uso, que tampoco se considera grave.

González Navarro aseguró que esta versión de que las acusaciones fueron erróneas se refuerza a raíz de la resolución que se le dio al conflicto y que fue a través del perdón que otorgó la empresa a los jóvenes.

Si realmente hubieran sido delitos graves como informaron las autoridades, aseguró el ex procurador, no hubiese existido la posibilidad de negociar con la compañía este tipo de solución.

Concluyó que “tenemos la obligación los abogados de defender la ley y que el derecho se aplique correctamente y no distorsionado. Así sea el peor delincuente, no puede utilizarse la ley de una manera perversa”.

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