Después de las denuncias interpuestas en contra de cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural de San Marcos, presuntamente por haber secuestrado dos vehículos repartidores de refresco y de agua, el procurador de Justicia, Arturo Nahle, aseguró que este jueves el juez podría emitir un resolutivo y, en caso de que proceda, dictar el auto de formal prisión correspondiente.
No obstante, explicó que este plazo puede prolongarse hasta el próximo lunes, ya que los jóvenes involucrados en la denuncia pidieron una ampliación del término constitucional.
Agregó que la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Aguascalientes, que fue donde se recibió la denuncia, determinó que este caso era competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), porque los supuestos hechos se cometieron en territorio zacatecano, por lo que el proceso de investigación fue transferido a esta dependencia.
“Nosotros lo recibimos y ya fueron consignados al juez de primera instancia del distrito judicial de Loreto por el delito de privación ilegal de la libertad, trajeron al chofer privado de su libertad durante un buen tiempo, por el delito de robo agravado y por el delito de asociación delictuosa. Los tres delitos son graves, no tienen derecho a libertad bajo fianza”, comentó.
Nahle aseguró que sólo por el delito de privación ilegal de la libertad, conocido también como secuestro exprés, los estudiantes podrían recibir una sentencia hasta de 20 años de prisión.
Ampliarán el tutelar para duplicar su capacidad
Debido al incremento en el número de menores de edad que participan en hechos ilícitos comunes y de la delincuencia organizada en la entidad, el procurador expuso que ya se ha autorizado un recurso, para que a partir de enero comience la ampliación del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ).
Se calcula que en más de 85 por ciento de los delitos que se cometen en el estado, “tanto los sujetos activos como los sujetos pasivos, o sea, las víctimas, suelen ser jovencitos, muchos de ellos menores de edad, entre 16, 17 y hasta 20 y 21 años de edad”.
Aseguró que las instalaciones actuales del centro de internamiento se encuentran a 100 por ciento. Cabe recordar que está al máximo de su capacidad solamente con los varones, puesto que las niñas y adolescentes fueron trasladadas por seguridad y falta de espacio desde hace varios meses al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Cieneguillas.
A causa de estas cifras, Nahle precisó que si los menores de edad continúan involucrándose en actividades delictivas, en poco tiempo se verá rebasada la capacidad del tutelar.
“Está a 100 por ciento, pero de seguir así las cosas muy pronto podemos estar ya por encima de su capacidad. Por eso es que previendo esta situación a partir del próximo mes de enero iniciaremos con la ampliación del centro de internamiento juvenil”, comentó y expuso que con las obras se prevé duplicar el espacio. Por tanto, si en estos momentos tiene un cupo máximo de 100 personas, podrá albergar hasta 200 jóvenes.
Detienen a ex funcionario
Tras la detención del ex director de Desarrollo Económico de Pánfilo Natera, a raíz de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante el periodo de Jesús Limones como titular, el procurador mencionó que hay otros casos abiertos en contra de ex funcionarios de varios ayuntamientos.
Sostuvo que, también por denuncias de la anterior administración de la ASE, se señalaron como responsables de diversos delitos, “en el caso de Apozol, el ex presidente, el ex síndico, el ex tesorero y el ex director de Obras Públicas; una de esas órdenes de aprehensión ya se cumplimentó, las otras no porque tramitaron juicios de amparo. La de Genaro Codina está pendiente, estamos esperando un informe de la Comisión Nacional Bancaria”.
También expuso que, durante la actual gestión de la ASE, con Raúl Brito Berumen al frente, se ha denunciado a un ex alcalde. Aunque no precisó el municipio, aclaró que no se trata de Guadalupe, como se había especulado.
Normalistas agotarán vía jurídica antes de recurrir a movilizaciones, anuncian
Los estudiantes de la Normal Rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, aprehendidos el pasado jueves y actualmente internos en la cárcel distrital del municipio de Loreto, agotarán la vía jurídica para lograr su liberación, antes de recurrir a movilizaciones.
Acusados de diversos delitos, entre ellos secuestro exprés, asociación delictuosa y robo agravado, la situación legal de los alumnos normalistas aún no se da a conocer, pero el comité estudiantil ha iniciado un acercamiento con la empresa supuestamente afectada, para que desista de su demanda.
A pesar de que la comunidad normalista ha recibido el apoyo de varios sectores del magisterio y de organizaciones sociales que han manifestado su disposición para movilizarse y exigir la liberación de los alumnos, ellos han preferido continuar el proceso de la vía legal, esperando también que la empresa Pepsico detenga su demanda penal.
Incluso, el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) se dijo dispuesto a apoyar a los jóvenes, pero ellos definieron que de momento no se movilizarán hasta concluir con los procedimientos jurídicos por su cuenta.
Los estudiantes calificaron el hecho como una medida represiva de Gobierno del Estado, debido a que durante muchos años han tenido un acuerdo con las empresas para utilizar sus vehículos y regresarlos posteriormente, y justo en el momento en que iban a devolver uno de esos camiones fue cuando detuvieron el pasado jueves a sus compañeros.
Aseguraron que la detención de ese camión se hizo con el consentimiento del conductor y por lo tanto el delito de secuestro no procede, por lo cual reiteraron que Marco Vinicio Flores, titular de la Secretaría de Educación, y el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo, “son los responsables de ese montaje implementado como una medida política y represiva contra los normalistas”, expresaron.
Los estudiantes aprehendidos son Víctor Andrés Muñoz Romo, Miguel Angel Medina López, Juan Benjamín Villa Robledo, Juan Francisco Zapata Gómez, y Diego Andrei López Vaquera.
