En víspera de que concluya su gestión como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita afirmó: estoy entregando un IFE en mejores condiciones de cómo lo recibí. Para el caso de Zacatecas, Leticia Soto declaró a grandes rasgos que el trabajo realizado el pasado proceso electoral estatal fue ejemplar y satisfactorio para ella y los consejeros salientes. En todos los estados los presidentes de los órganos electorales, incluyendo el IFE e IEEZ, se refirieren a sus instituciones como consolidadas y resaltan que en las últimas elecciones no hubo complicación jurídica ni política alguna, e incluso se asumen como impulsores del derecho a las candidaturas independientes, cuando en este caso siempre intentaron dificultarlas y jamás vieron los excesos en los gastos de campaña.
A renglón seguido, tanto Valdez Zurita como Soto Acosta sostienen que el pago de miles de pesos a los consejeros electorales salientes se realizará en términos de la normatividad aprobada y que se trata de una liquidación apegada a la ley.
Semejantes pagos podrán ser, en efecto, legales, pero resultan injustificables si se toma en cuenta que los consejeros salientes reciben grandes cantidades de dinero por concepto de remuneraciones durante su gestión y son, además, inmorales en un entorno social caracterizado por la pobreza y la desigualdad, más el severo deterioro en los sistemas públicos de salud, educación y de atención a desastres, como evidenció el reciente paso de huracanes y la sequía que se presentó en Zacatecas.
Las cantidades, tanto de los consejeros estatales como federales, resultan doblemente inadmisibles si se cotejan con el desempeño reciente de los institutos electorales en su responsabilidad fundamental: organizar procesos electorales equitativos, transparentes y confiables. En efecto, durante los comicios presidenciales de 2012 y el local del pasado julio de 2013 los integrantes de los institutos electorales decidieron mirar hacia otro lado ante la puesta en marcha de maniobras tradicionales y sofisticadas de compra y coacción de votos –denunciadas por todos los partidos y candidatos –; fueron omisos en sus actividades de monitoreo de los medios de comunicación y, pese al desaseo generalizado y las irregularidades el día de los comicios, los calificaron de limpios y ejemplares.
Si lo anterior no fuera suficiente, el pasado viernes la Legislatura local nombró a seis nuevos Consejeros Electorales sin tomar en cuenta el gran desprestigio y bajo nivel de credibilidad de los partidos entre la sociedad, ni el papel desempeñado por algunos de ellos en los recientes procesos electorales, de manera que al designar al nuevo árbitro electoral le compartieron su propio descrédito y el déficit de legitimidad, con lo que se acentuó la crisis de representatividad que padecen las instituciones en su conjunto.
La reciente conducta de legisladores y partidos revela un severo autismo político que les impide percibir el profundo desprecio de los ciudadanos hacia la política y los políticos, y conduce a reafirmar la convicción de que la solución a nuestros problemas más agudos no vendrá de una clase política interesada solamente en ampliar sus privilegios.
