México y el “examen” de los Derechos Humanos de la ONU (I)

México y el “examen” de los  Derechos Humanos de la ONU (I)

“Se obedece pero no se cumple” es un pensamiento que se ajusta perfecto a nuestra cultura política. Originada tal vez en el “pase foral” (una facultad inscrita desde el siglo 15 en el ámbito del derecho foral del Reino de Navarra y las provincias vascas para no cumplir las órdenes emanadas de la monarquía española), la idea se reformula por quienes en América, amparados en la distancia transatlántica, se hacían los sordos a las demandas de la Corona española.

La verdad es que “se obedece pero no se cumple” se fue cocinando en la olla de México durante los tres siglos de Colonia y el posterior bicentenario hasta hacerse parte de una forma de ser, de un gobierno débil y de una sociedad civil débil, que basa sus relaciones sociales en el no cumplimiento de la ley y, para el caso que nos ocupa, que articula su cultura jurídica y política a la “proclamación” de los derechos, más que a su aplicación efectiva.

Todavía estamos inmersos en esa etapa, larguísima, de construirnos como un país de leyes en el que sea una realidad “el constitucionalismo de los derechos”. Pero hoy, a diferencia de ayer y para nuestra fortuna, México tiene que responder al juicio global sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio y ya no es tan fácil seguir como si no pasara nada, con el argumento de que nadie debe meterse en nuestros asuntos, simplemente porque es signatario de un conjunto amplísimo de tratados internacionales.

Hace apenas unos días se realizó en Ginebra la 17º reunión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Durante un diálogo interactivo, 87 delegaciones de todo el mundo hicieron comentarios y recomendaciones al informe del gobierno de México en la materia, que participó con un equipo integrado por el secretario de Relaciones Exteriores, representantes de las instituciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, el gobernador del Estado de Coahuila, el coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este interesante juicio global, junto a una buena porción de intervenciones dedicadas a elogiar y poner en alto cambios legislativos y políticas que reporta México –desde la reforma en derechos humanos de 2011 hasta la lucha contra el hambre–, propia del lenguaje diplomático, se presenta un conjunto de “Conclusiones y/o recomendaciones”, como parte del Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a México, entre las que destacan solicitudes expresas de buscar la aplicación de lo que se “dice” o se “proclama” en varios temas candentes, es decir, de hacer realidad la efectividad de los derechos. Aquí algunas de esas recomendaciones.

Sobre la efectividad de las reformas constitucionales en materia de derecho humanos España, entre otros países, instó al gobierno de México a la aprobación de la “la legislación secundaria necesaria, con respecto a la reforma constitucional, su armonización a nivel estatal y federal, y la capacitación de los funcionarios judiciales para garantizar su aplicación efectiva.”

En cuanto a la protección a defensores de derechos humanos y periodistas las representaciones de Canadá y Austria señalaron la urgencia de “establecer una protección eficaz de la sociedad civil y periodistas”, incluyendo la investigación rápida y eficaz por organismos independientes e imparciales y el enjuiciamientoen todos los casos de amenazas, ataques y asesinatos.

Países Bajos urgió a fortalecer la “Oficina de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión” y Suecia pidió “garantizar la reparación a las víctimas, así como proporcionar el mecanismo para la protección de los defensores de los derechos humanos con el apoyo necesario para cumplir su mandato.” Francia solicitó al gobierno de México la “aplicación efectiva de la Ley de Víctimas, mediante la armonización de la legislación existente, incluyendo disposiciones de ley en el nuevo Código de Procedimiento Penal y asegurarse de que la ley se aplica a todos los niveles.”

En cuanto al combate de la impunidad y la corrupción precisamente Francia señaló que México debe luchar contra la impunidad, “a través de la realización de investigaciones exhaustivas de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.”

En este sentido Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte propusieron que México “redoble sus esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción en todo el país a través de la creación de una institución federal de lucha contra la corrupción, con la capacidad de procesar y, a través de la asignación de recursos suficientes para investigar y procesar los crímenes contra las mujeres y los niños.” ■

@luisbarquera
www.odisea.org.mx

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