■ Pretenden diputados que con esta norma se consiga mayor transparencia en uso de recursos
■ Otorgarían mayores facultades a la ASE para dar seguimiento a sanciones: Georgina Ramírez
Evitar sanciones resarcitorias hasta por 300 millones de pesos como ocurrió durante los últimos tres años es el objetivo de la iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas que se dictaminará durante el noveno periodo extraordinario de sesiones de la Legislatura estatal que se convocó para este jueves 22 de agosto.
Durante la sesión de la Comisión Permanente realizada este martes la diputada Georgina Ramírez Rivera dio lectura a un resumen de la iniciativa que pretende” poner al corriente” esta norma con la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos.
En la iniciativa que se discutirá este jueves se busca además otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que dé seguimiento a las sanciones y exija tanto a los ayuntamientos como al Ejecutivo del estado la documentación completa sobre todo en el tema de la realización de obra pública.
“Se espera que no tengan alternativa más que presentar la documentación técnica completa que tendrá que ir supervisándose conforme a los informes financieros y de gestión que presenten los organismos públicos a fin de que permita que en tiempo se observen las irregularidades, se detengan y se corrijan”, expuso la diputada.
La legisladora destacó que estas reformas fortalecerán la fiscalización del estado orientadas al tema preventivo a fin de obtener como resultado la realización de mejores obras, más transparencia, así como evitar sanciones y resarcimiento de daños.
Actualmente esta información es solicitada, sin embargo con esta medida el requerimiento será obligatorio con lo que se evitará la opacidad pues se presentaba el cambio de formas, números y conceptos. Esta medida permitirá homogeneizar la fiscalización pues tanto a nivel nacional como estado y municipios se contará con los mismos conceptos.
“Hemos visto en este ejercicio de los tres años que casi cerca de 300 cuentas públicas fueron dictaminadas y en general también cerca de 300 millones de pesos fueron impuestos como sanciones resarcitorias más otros tantos como sanciones administrativas, en gran parte en relación a las obras ejecutadas que se hicieron de mala calidad o no se concluyeron”, detalló.
Estas reformas buscan evitar estas situaciones y que se exija el cumplimiento de la responsabilidad tanto de los organismos públicos como de las empresas contratadas para la realización de obras públicas.
Este miércoles la Comisión de Vigilancia evaluará la iniciativa a fin de que sea votada a favor el próximo jueves dentro del periodo extraordinario de sesiones. “Esperamos que los diputados puedan validar esta iniciativa que no sólo transparente sino que nos obliga por ley a hacer las modificaciones correspondientes para instalarnos en el marco nacional a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”, concluyó.
