En el proceso electoral un evento como el debate es muy importante porque es el momento argumental de las propuestas. Debería de haber no uno, sino varios debates y ante distintos públicos. Incluso, los organismos electorales deberían construir instrumentos comunicativos para obligar a los partidos a exhibir sus argumentos con propuestas en función de una agenda de problemas definida por todos. De tal manera que se impulse que no sea el despilfarro de dinero y sus actos chatarra de campaña que defina la comunicación electoral: comidas sin mensaje, reparto de juguetes, despensas, y las variadas estrategias de puro marketing. Hacer obligatorios los debates es una medida para elevar la calidad de los procesos electorales. Pero también, regular más a los medios de comunicación, especialmente a la radio y televisión.
Llama poderosamente la atención que estos medios no hayan transmitido el debate pasado de los candidatos a la alcaldía capitalina. Ni siquiera la radio de Gobierno del Estado lo hizo. La radio comercial y la televisión son concesionarias, eso significa que usufructúan un bien que es de origen público: el espacio por donde emiten sus señales. De tal manera que por ley, deberían atender a todos estos eventos que son de interés público. Pero ocurre que la razón del dinero es la dueña de la lógica de los medios de comunicación concesionados. Es por todos sabido que incluso las entrevistas en espacios noticiosos son vendidos (sin factura, claro) como si de mercado negro se tratara. Es una manera de ganarle al espíritu de la ley de medios en los procesos electorales, que pretende que no sea la fuerza del dinero
lo que defina la emisión de mensajes electorales.
Con estas acciones los medios de comunicación se exponen como parte del problema y no de la solución en todas las críticas existentes en torno a la ilegitimidad de las estructuras de representación y la manera de llegar a ellas. Son las fuerzas que llevan a la mercantilización de lo público: los mensajes políticos (de interés público) convertidos en mercancía. Y esta mercantilización es el signo correlativo a la ausencia de Estado; de la inexistencia de capacidad regulatoria. Un Estado sin capacidades es inexistente. Y la paradoja es que en este espacio sin regulación es justo el espacio de juego de los (futuros) reguladores.
Con estas experiencias, se dispone de materia prima suficiente para elaborar propuestas de ley que cambien dicha situación. Pero no vemos en el cúmulo de propuestas legislativas en la presente campaña, alguna iniciativa que vaya dirigida a organizar los procesos electorales en Zacatecas donde los eventos y estructuras de interés público dejen de convertirse en mercancía, por un lado; y a elevar la calidad de las contiendas, por otro. Alguna iniciativa sobre Calidad de los procesos electorales. Y recordemos, el consumo de chatarra, daña la salud (cívica).
