«En este caso, se trata de una denuncia penal por el uso ilegal de más de mil millones de pesos que fueron desviados de programas gubernamentales y que se usaron para promover la imagen de Miguel Alonso en los medios de comunicación», expuso Soledad Luévano, presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana.
Para tal efecto, la ex diputada local señaló que a pesar de que el Congreso local le autorizaba a Miguel Alonso alrededor de 19 millones de pesos por año para la contratación de publicidad y la promoción de la imagen institucional, Alonso Reyes transfirió ilegalmente más de mil millones de pesos para promocionar su imagen.
Luévano Cantú aseguró que estos derroches tienen en quiebra financiera al estado. “Para darnos una idea, al descontar los días inhábiles, podemos decir que Miguel Alonso se gastaba un millón de pesos diarios en publicidad para promover su imagen”. Informó que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) facturas, convenios y 123 fojas de pruebas que dejan al descubierto una red para corromper y silenciar a algunos medios de comunicación y manipular a la opinión pública de Zacatecas.
“Con estas pruebas también estoy demostrando que Miguel Alonso le pagó $9 millones 280 mil pesos a la empresa Solution Integration Consulting Group S. A. de C. V. que se dedicaba a la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales. Además, el actual director general de Fonatur le pagó a la empresa NYANARK S.A de C.V. 4 millones 60 mil pesos para enviar miles de mensajes de texto durante las campañas electorales”.
En la denuncia también sobresale el nombre del ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Adolfo Bonilla, quien recibió más de 115 millones de pesos en contratos publicitarios para sus empresas radiofónicas y el diputado local del mismo partido Javier Torres, quien recibió más de 133 millones de pesos por la realización y difusión de contenidos publicitarios, en un claro conflicto de interés. Asimismo, comentó que dichos contratos se hicieron al margen de la ley, sin licitación y violando los límites establecidos por la Legislatura local en el presupuesto del estado.
Asimismo, Soledad Luévano detalló que la red de corrupción estaba conformada por los ex funcionarios Fernando Soto Acosta, José Soto Landeros, Rafael Sescosse y Alejandro Reyes Smith, quienes están involucrados en la firma de convenios y transferencias ilegales; por tal motivo, también están señalados en la denuncia.
Finalmente, aclaró que «esta denuncia no es contra los medios de comunicación, es contra un modelo de corrupción que permite destinar grandes cantidades de dinero público para influir en la prensa, acallar a la oposición y promocionar la imagen de gobernadores corruptos, por eso le vuelvo a realizar un llamado al presidente de la república para que separe de su cargo al director general de Fonatur, están buscando a Javier Duarte por todo el país, pero en Fonatur tienen a otro delincuente del mismo tamaño”.
