Volvamos sobre el punto, a casi seis años del nacimiento formal de los sistemas anticorrupción, nos mantenemos en la etapa de construcción del entramado institucional que significan los mismos. Los sistemas, tanto estatales como el propio nacional, continúan hoy en un proceso de largo aliento, para que su conformación, en términos de la Ley, quede completa. Aún hay instancias que forman parte de este diseño constitucional pendientes, y para citar, podemos partir de un ejemplo: los órganos internos de control en algunos entes locales. Además de lo anterior, los sistemas anticorrupción han debido enfrentar las limitaciones presupuestales y el complejo proceso de construcción de un sistema cuya esencia es la articulación entre pares, en clave gobernanza con la inclusión de la participación ciudadana, además, claro, del recelo político que implica esta novedosa figura en nuestra arquitectura política y administrativa. Éstas, entre otras razones, han provocado que los resultados que ofrece la innovación jurídica que implica la articulación institucional de la lucha contra la corrupción en México, no se vean consolidados. En tal circunstancia, las instituciones en lo individual, que son parte de tales sistemas, tienen frente a sí la oportunidad de consolidar el esfuerzo que la ciudadanía exige, a partir del ejemplo. Recordemos qué instituciones son: los órganos superiores de fiscalización (auditorías), los poderes ejecutivos (a través de sus secretarías, contralorías o análogas), los poderes judiciales, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción, los tribunales de justicia administrativa, los órganos garantes en materia de transparencia y los comités de participación ciudadana.
Partamos de lo indispensable: la primera ventanilla de los sistemas anticorrupción que son los órganos internos de control, aún están en etapa de consolidación y fortalecimiento, partiendo de la estructura mínima indispensable, sin olvidar la imperante necesidad de la profesionalización de dichas unidades administrativas.
Sin embargo, más allá de esto, también puede afirmarse que, en cada una de estas instituciones, con voluntad política y sensibilidad social en relación al problema público que implica la corrupción, se pueden diseñar e implementar políticas proactivas en materia de rendición de cuentas. Dichas políticas no se limitan a la transparencia ni tampoco al control interno, para que constituyan mecanismos a partir de los cuales se genere un proceso de responsabilidad pública frente a la ciudadanía, es inherente que ésta participe. La tarea de gobernar (entiéndase en sentido amplio y más allá del poder ejecutivo), es cada vez más compleja. Ha quedado claro que el paradigma del Estado en solitario, frente a su sociedad, ha sido superado. Cada vez más el esquema de gobernanza se impone por la creciente necesidad de legitimidad, en democracias complejas y sociedades hiperconectadas. Por ello mismo la rendición de cuentas se ha integrado como un elemento indispensable y necesario de la democracia liberal. Se puede sugerir que las políticas de rendición de cuentas consideren cuando menos los modelos de gobierno abierto (que incluye su modalidad de justicia abierta), que incorpora a la transparencia, las tecnologías de la información y la participación e incidencia ciudadanas. La apertura institucional, que requiere voluntad política de parte de los tomadores de decisiones, es una oportunidad única para pasar de las estructuras burocráticas cerradas a una dinámica generosa de sensibilización, concientización y hasta empatía de los funcionarios públicos con respecto a las necesidades que les corresponde atender de la ciudadanía.
En los momentos de democracia compleja que vivimos es superior el riesgo de instituciones cerradas, que el de la cooperación, corresponsabilidad y transparencia plena hacia una ciudadanía que, al final, romperá las puertas para apropiarse de lo público, que, por definición, le pertenece.
*Una versión de este texto apareció en la Revista del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en su edición número 26, correspondiente al mes de agosto, disponible en: https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2022/8/81a956c7-022d-43bb-b0f9-a71f401eb7fb.pdf
