El inicio de las nuevas administraciones nos debe llevar a reflexionar la responsabilidad que no solamente el gobierno tiene frente a los ciudadanos en el contexto actual, sino la conjunta que debemos realizar de manera activa en pro del bienestar social.
Para que podamos definir la responsabilidad de quienes dirigen el rumbo de nuestro Estado, debemos recordar que el gobierno democrático se define respecto de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor.
No hay poder que no provenga del pueblo y este debe asegurar en todo momento el bien común. El gobierno tiene el deber específico de armonizar los intereses que representa la colectividad al igual que la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos. En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el desarrollo del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías.
Comúnmente llevamos un problema grave dentro de nuestra noción de la estructura política y nos avocamos a pensar que el ejercicio gubernamental solo deriva del poder ejecutivo, descuidando las funciones y facultades que los otros poderes y niveles de gobierno deben realizar. En Zacatecas renovamos una gubernatura, treinta diputaciones locales y cincuenta y ocho alcaldías con sus respectivas sindicaturas y regidurías.
Aparte de la conducción política del Estado, dentro del gran marco de atribuciones que tiene el ejecutivo está la correcta administración de los recursos públicos provenientes de la federación y de la misma entidad. Para darnos cuenta de la magnitud de esto, el ejecutivo ejerció -de 2010 a 2016- alrededor de 200,000 millones de pesos, un presupuesto sin precedentes, mismo que por lo regular cada año aumenta y será mayor para Alejandro Tello, el cual en su gobierno deberá priorizar presupuestos justos y acordes a la realidad; la creación de un plan de desarrollo a largo plazo para dejar de reinventar el desarrollo cada sexenio; cero tolerancia a la corrupción, transparencia absoluta en las acciones de gobierno principalmente en las compras, licitaciones, autorizaciones y concesiones; atención inmediata a la inseguridad, pero sobre todo una política de Estado donde se priorice la aplicación del recurso en atención a la pobreza, educación y salud, donde la persona se posicione como el centro de toda actividad política, económica y social.
El poder legislativo se debe enfocar en crear una legislación efectiva que combata la corrupción; que la mayoría de diputados no sea comparsa del ejecutivo sino que desde una visión constructiva abone al desarrollo del Estado; que la ratificación del procurador y la designación del auditor superior no estén revestidas de favoritismos e intereses personales, y sobre todo el que las cuentas publicas del Estado y Municipios sean revisadas con lupa a fin de sancionar a quienes hayan incurrido en irregularidades durante su administración.
Más importante desde mi perspectiva resulta el Municipio; forma primera de la sociedad civil, cuya misión consiste en proteger y formar los valores de convivencia local, es base de la organización política nacional, comunidad viva y no simple circunscripción política, debe ser fuente y apoyo de libertad, de eficacia en el Gobierno y de limpieza en la vida publica.
Debe tener autonomía política sin interferencia de la Federación o del Estado que lo priven de recursos económicos, violen su autonomía, mutilen sus funciones y fomenten la supervivencia del caciquismo. Ha de ser autónomo, responsable, sujeto a la voluntad de los ciudadanos y a su estricta vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no le corresponda; solo en estas condiciones este podrá cumplir con la administración de sus fines propios y realizar su sentido histórico, solo así puede evitarse el vergonzoso desamparo y la ruina de nuestro pueblo, el abandono de nuestra vida local en manos de irresponsables, la falta completa o la prestación adecuada y miserable de los servicios públicos mas urgentes y, sobre todo, la degradación de la vida publica nacional.
El Municipio deberá solicitar un aumento significativo en sus participaciones para satisfacer las autenticas necesidades que aquejan directamente a los ciudadanos en la carencia de servicios como la seguridad publica, el alumbrado, agua potable, la recolección de basura, entre otras.
Es imposible que el gobierno pueda hacer absolutamente todo, por lo que debe ser obligatoria la colaboración activa de organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos; de esta manera el gobierno quedara sujeto a una estricta vigilancia y el desarrollo de nuestras ciudades, pueblos y comunidades será suficiente para garantizar una vida digna para todos. ■
