En sesión pública virtual del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez), la tarde de este lunes, se determinó no sancionar al otrora candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas a la Presidencia Municipal capitalina, Miguel Varela, por la supuesta entrega de despensas para coaccionar al electorado, denunciada por el Partido Verde.
Al considerar que las fotografías de dichas despensas no eran prueba suficiente para acreditar que éstas pertenecieran al personaje señalado o que fueran usadas para la coacción del voto, las magistraturas del Trijez dieron por inexistentes los hechos.
Por otra parte, el juicio de nulidad electoral promovido por el PRI en la elección del Ayuntamiento de Sombrerete, por presunta presión a electores en tres casillas, fue desestimado en esta sesión, confirmando el triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el municipio.
Por uso indebido de recursos públicos, al solicitar un espacio en el fraccionamiento Villas de Guadalupe para un evento proselitista, la diputada local Gabriela Basurto será sancionada por la Legislatura.
A esta sanción se opusieron la magistrada Rocío Posadas y el magistrado José Ángel Yuen, considerando que no se acreditaron todos los “extremos legales” y que debería haberse demostrado que la acción de solicitar el espacio público (que finalmente no se utilizó) tuvo un efecto en la equidad de la contienda; la magistrada presidenta Gloria Esparza expuso que la infracción es existente al haberse hecho la solicitud en días y horas laborales, así con recursos materiales y humanos de la Legislatura.
José Saldívar no resultó sancionado por difusión de propaganda gubernamental en tiempos prohibidos por la ley ni por uso indebido de recursos públicos, como pretendía Roberto Luévano. Sin embargo, dos trabajadores del municipio de Guadalupe sí incurrieron en estas irregularidades al publicar en el portal de Internet del Ayuntamiento “logros de gobierno atribuibles al alcalde con licencia”, determinó el Trijez.
Por otra parte, fue sobreseída la denuncia de la síndica Adriana Márquez Sánchez en contra del alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras, y otros funcionarios del Ayuntamiento, por presunta “violencia política, a través de publicaciones en medios digitales de su imagen y frases que la denostaban públicamente”.
Al no haberse obtenido “resultados concluyentes respecto a la responsabilidad de los denunciados”, la supuesta víctima desistió y, al ser un caso de violencia política de género, el interés público no se ve afectado por el desistimiento, expusieron las magistraturas del Tribunal.
