Este lunes, feministas universitarias denunciaron una estrategia institucional para desmovilizar las protestas estudiantiles y criminalizar a quienes se han manifestado por el caso del exrector Rubén Ibarra Reyes, quien enfrenta en libertad un proceso penal por abuso sexual agravado contra una niña.
La jornada incluyó la toma de varias instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), siendo el Campus II y la Rectoría los principales escenarios, donde se realizaron un mitin, una asamblea pública y un tendedero de denuncias.
Las acciones se centraron en repudiar la red institucional que permitió al exrector Rubén Ibarra enfrentar en libertad el proceso penal por abuso sexual agravado contra una niña, y en asamblea se destacó la importancia de que este momento que atraviesa la Universidad sea un punto de partida para lograr que ningún agresor ni encubridor asuma cargos en la administración universitaria.
Al conocerse que la presidencia colegiada del Consejo Universitario decidió llevar a cabo la sesión de forma virtual “por motivos de seguridad”, denunciaron la criminalización de la protesta.
En este sentido, lamentaron la publicación de una académica de Historia que calificó al movimiento de radical y sin propuestas, así como mensajes en redes y grupos de WhatsApp que acusan a las feministas de lucrar con el dolor, buscar reflectores o desestabilizar a la Universidad. Identificaron esta narrativa como parte de una estrategia para desacreditar las denuncias y reforzar un discurso institucional que minimiza la violencia sexual y criminaliza la organización colectiva.
“A las autoridades universitarias les recordamos que las mujeres feministas formamos parte de la UAZ, somos estudiantes, investigadoras, docentes, administrativas, egresadas, madres y contribuyentes, (…) además de que conocemos nuestro legítimo derecho a organizarnos, manifestarnos y luchar por la defensa de los derechos de todas las niñas y mujeres”, afirmaron a las puertas de rectoría, en un pronunciamiento donde también pidieron a académicas autodenominadas feministas dentro de la Universidad que “dejen de malinformar y elijan tomar postura”.
Simultáneamente, dentro de la sesión virtual del Consejo Universitario, Verónica Aguilar Vázquez advirtió que aceptar la renuncia de Rubén Ibarra era darle «una salida digna» a quien, tras admitir su culpabilidad, logró mantener su libertad. Enfatizó que la Universidad debe posicionarse no solo políticamente sino éticamente frente a un agresor sexual, y exigió su destitución y rescisión laboral.
«Ahora entendemos las razones de tan alta protección de minimizar las violencias», agregó Aguilar Vázquez en su intervención.
La consejera estudiantil Margarita Ramos, denunció las maniobras de la presidencia colegiada para modificar el formato de la sesión, calificando la decisión de llevarla a lo virtual como una forma de segregar la participación. “El rector de la Máxima Casa de Estudios fue confeso de abuso sexual de una niña. No podemos aceptar su renuncia y darle ese privilegio a quien se siente con el poder económico y político de decidir cuándo irse”, enfatizó.
Ramos Mier exigió la destitución irrevocable de Rubén Ibarra, su rescisión laboral, su exclusión del Sistema Nacional de Investigadores y del perfil PRODEP, y extendió esta exigencia a todos los agresores que siguen impunes bajo el amparo de la autonomía universitaria. “Mantuvimos un paro en gran parte de la Universidad y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.
Norma Gutiérrez Hernández informó que mil 132 universitarios y 41 organizaciones civiles han suscrito una petición para exigir que, tras la sentencia firme por el delito de abuso sexual agravado, Rubén Ibarra sea destituido de cualquier cargo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, inhabilitado como docente e investigador, y se dé cumplimiento estricto al artículo 38, fracción VII, de la Constitución, que impide a personas condenadas por delitos contra la libertad y seguridad sexual ocupar empleos públicos.
La petición también rechaza que se minimice la gravedad del caso como si se tratara de una campaña mediática o un linchamiento social, cuando en realidad −subrayó− fue un juez quien dictó la condena.
Asimismo, se exigió revisar el cargo de Perla Trejo, señalando que no puede representar a la comunidad universitaria tras haber testificado a favor de un agresor sexual confeso, y calificando su actuar como carente de empatía y respeto hacia la víctima.
