La senadora zacatecana Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de establecer la obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los tres órdenes de gobierno para garantizar el apoyo legal a niñas, niños o adolescentes que hayan perdido a su padre o madre, mediante asesoría, orientación y seguimiento a las personas que ejercerán la patria potestad.
En el documento inscrito en la Gaceta del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señala que de acuerdo con información del INEGI en 2022 había más de un millón 600 mil menores de edad que vivían sin sus padres.
En la mayoría de esos casos las madres o padres están muertos, privados de la libertad, desaparecidos o simplemente migraron a otra ciudad para buscar una mejor forma de vida, dejando a sus descendientes encargados con familiares o están abandonados.
Geovanna Bañuelos reconoce que si bien es cierto, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México prevé que cuando un menor se vea privado de su familia, tendrá derecho a recibir la protección del Estado, que se encargará de procurarle una familia sustituta y mientras se encuentren bajo su tutela, se les brindarán los cuidados especiales, sin embargo, en la actualidad, la violación de los derechos de la infancia sin cuidado parental es una constante que se vive a diario.
“Frente a esta problemática, es menester garantizarles la posibilidad de conocer con exactitud y certeza cuáles son sus derechos al quedar en estado de indefensión, pues se piensa inequívocamente que las figuras jurídicas como lo son la patria potestad, guarda y custodia sólo surgen al momento del divorcio o separación de los padres, cuando en el tema de la orfandad también toman vital importancia», sostiene.
En ese sentido, la legisladora por Zacatecas considera que la situación de estos menores de edad que por diferentes circunstancias han perdido a uno o ambos padres debe ser atendida, y enfatiza que por sus propias características son un grupo vulnerable y son personas con derechos y obligaciones y que, derivado de circunstancias como la orfandad, se encuentran en doble vulnerabilidad y desprotección. “En este sentido, el Estado debe garantizar su derecho a la restitución de la familia”.
Además, informó que México es el segundo lugar de América Latina con mayor número de menores de edad en estado de orfandad, con cerca de 1.6 millones, sólo después de Brasil.
A esto, faltaría sumar las muertes causadas por el virus COVID-19, que también repercutió de manera importante en el número de infantes que se han quedado sin un lugar en donde alimentarse, estudiar o ser cuidados, pues se calcula que aproximadamente cerca de 240 mil niños quedaron en situación de orfandad a causa de la pandemia que vivimos en el 2020.
Otro factor determinante en la situación de los menores de edad en estado de orfandad es la alta tasa de feminicidios que cobra la vida de varias madres cada día.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.
