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jueves, 28 marzo, 2024
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Convoca red de organizaciones a debate para dar solución y viabilidad al problema del agua

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Área de cobro en oficinas centrales de Jiapaz ■ foto: la jornada

■ Platean elaborar una “Política de Seguridad Hídrica para Zacatecas 2020-2080”

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■ Sugieren que se declare nulo el acuerdo mediante el cual el Consejo Directivo de la Jiapaz incrementó las tarifas de agua y saneamiento para 2020

■ Piden un estudio pormenorizado que tome en cuenta el consumo per cápita actual de la zona metropolitana y su relación con el consumo mínimo admitido por la OMS

■ Señalan que lo recaudado por el Impuesto Ecológico se utilice para acciones de remediación ambiental y subsidio para los organismos operadores de agua

■ Afirman que la Junta funciona como una empresa privada, pues al no tener un presupuesto definido carga la totalidad de sus costos de operación al pago que hacen los usuarios

 

En el marco de la discusión por el alza en la tarifa del servicio de agua potable que brinda Jiapaz, la Red de Organizaciones Ciudadanas en Defensa del Centro Histórico, coordinadas por el académico Rodolfo García Zamora, lanzó una propuesta para solución e hizo un llamado urgente a que se inicie un debate serio en la sociedad zacatecana, los municipios y los tres Poderes, sobre una “Política de Seguridad Hídrica para Zacatecas 2020-2080”, que incida en las causas estructurales de la “destrucción masiva” en el estado y asegure un uso racional y sostenible para los siguientes 50 años.

Por tal motivo, proponen que se declare nulo el acuerdo mediante el cual el Consejo Directivo de la Jiapaz incrementó las tarifas de agua potable y saneamiento para 2020; que se ordene de inmediato la realización de un estudio pormenorizado y estricto que tome en cuenta el consumo per cápita actual de la zona metropolitana y su relación con el consumo mínimo admitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nivel de ingresos promedio de las familias zacatecanas en las diferentes colonias, la incidencia de tandeos por colonia, el costo de las operaciones de la Jiapaz y su presupuesto para el año en curso y su perspectiva a 10 años.

Proponen también, que una vez realizado el estudio mencionado e independientemente de su resultado, se exente de pago doméstico al consumo entre 0 y un metro cúbico, dado que es un derecho humano y el mínimo para la subsistencia es de 0.9 metros cúbicos. Sin embargo, plantean aplicar el incremento que en su caso resulte del análisis y estudio, exclusivamente al exceso de consumo de agua; es decir más de 5 metros cúbicos, así como al consumo de agua comercial, turístico e industrial.

Los ciudadanos, proponen también obligar a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos, a que destinen un presupuesto especial para la operación de la Jiapaz y evitar que esta institución sobreviva sólo con las cuotas, además de que el Gobierno del Estado otorgue un presupuesto solidario que deberá ser autorizado anualmente por la legislatura local.

Se propone, de igual manera, una reestructuración de la Jiapaz a partir de un estudio actuarial que determine su viabilidad financiera; una auditoría que revele el costo-beneficio del organismo y un análisis detallado de su nómina. Y finalmente, que lo recaudado por el Impuesto Ecológico se utilice completamente para acciones de remediación ambiental y subsidio para los organismos operadores de los sistemas de agua potable, es decir, una política de desarrollo sostenible al menos para los próximos 30 años.

Jiapaz opera con la lógica del
cacicazgo y el neoliberalismo
De acuerdo con la red, el neoliberalismo, entendiéndose como la forma “más salvaje y furiosa del capitalismo”, desde que inició en México en la década de los 80 comenzó a mostrar que entre sus características distintivas, estaría que la libertad del mercado abarcaría todo aquello que pudo considerarse como bienes estratégicos nacionales, entre los cuales se encuentra también el agua, que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se puso al servicio de las empresas privadas para su explotación comercial. A partir de entonces, consideran, los mexicanos viven con el paradigma que reforma un antiguo dicho popular que reza “a nadie se le niega un vaso de agua, siempre y cuando pague por ella”.

Como consecuencia, señalan los ciudadanos, en México se ha llegado al extremo de que en ciudades como Aguascalientes, Cancún o Saltillo, la prestación del servicio, y por lo tanto la venta de agua, sea operada por empresas privadas. En Zacatecas, precisan, aunque no es el caso, la Jiapaz no se ajusta a más normas que las que dictan las leyes de la oferta y la demanda, funcionando entonces también como una empresa privada, pues al no tener un presupuesto definido carga la totalidad de sus costos de operación al pago que hacen los usuarios y que hoy, con el incremento “desproporcionado”, pareciera que quieren “que se pague hasta que duela”.

Y es que argumentan que la tarifa en la zona metropolitana de Zacatecas se paga 2.5 veces más alta que en la ciudad de Saltillo, donde opera la empresa privada de origen español, Aguas de Barcelona, lo que significa que la Jiapaz trabaja con principios y criterios similares a los de una empresa privada, “con una clara explotación comercial del agua”, pues la Ley de los Sistemas de Agua Potable del Estado de Zacatecas conserva en su capítulo tercero la idea de que tanto el agua, como el servicio que se presta en torno a ella, es una mercancía que debe tasarse con cargo a los usuarios, con lo que el derecho a ella en Zacatecas se vuelve “alienable y disponible sólo para aquellos que lo pueden pagar”.

De acuerdo con los ciudadanos en defensa del Centro Histórico, la OMS señala que no es posible establecer un mínimo adecuado de consumo de agua per cápita, máxime si la razón es la preservación de la salud, no obstante, indica que 7.5 por litros por persona al día atenderían las necesidades de la mayoría de las personas en todas las condiciones. Por lo que partiendo de que las familias mexicanas tienen en promedio 4.2 integrantes, según el Inegi, la necesidad básica para la supervivencia estaría en los 9 mil litros al mes.

La organización ciudadana señala además que la Ley de los Sistemas de Agua Potable es omisa en cuanto al mecanismo y nombramiento del director del organismo y que “subsiste en una paradoja legal por demás extraña, más propia de la estructura política porfiriana, o el antiguo sistema de control de la hegemonía priísta”. En este contexto, aseveran, no es raro que la Jiapaz, creada durante la hegemonía del PRI, opere con la lógica del cacicazgo, en la que su director es nombrado por el gobernador para ocupar un espacio de colocación y recomendación política.

Es criticable también, de acuerdo con los habitantes del Centro Histórico, que la Jiapaz reciba una donación de poco más de 21 millones de pesos de Gobierno del Estado por concepto de apoyo para la nómina, dinero que no se aclara en qué se emplea, quiénes son los beneficiarios y los montos que reciben. Pero también ese dinero es poco comparable con los 30 millones de pesos que el mismo gobierno destina para el equipo de basquetbol, con los 70 millones para el equipo de futbol y con los más de 50 millones de pesos “que se despilfarran” en la Feria.

Empero, los ayuntamientos también han aportado al olvido crónico del mismo organismo pues, según señalan, prefieren destinar sumas millonarias en gastos de publicidad para promoción de sus alcaldes, que destinar una partida para el subsidio del agua.

Y por lo respecta al aumento de las tarifas, la red ha subrayado que este no se encuentra debidamente soportado por un análisis de costo-beneficio, ni en las posibilidades económicas del sector al que se afecta; sino que se basa “estricta y exclusivamente en las necesidades unilaterales del organismo operador”, lo que consideran, es una afrenta a la economía de los zacatecanos y un “sinsentido” que contraviene la obligación de garantizar el derecho al agua.

Además, señalan, la Jiapaz omitió la consulta pública para la toma de decisión de algo tan importante, cargando ahora el costo de su “ineficiencia” a las personas, sintiendo un peso mayor quienes padecen pobreza extrema en el corredor que conforma la intermunicipalidad.

Finalmente, exigieron que Gobierno del Estado considere que la recaudación del llamado Impuesto Ecológico debe tener como destino la remediación ambiental en el más amplio sentido de la palabra, y la inversión en los organismos operadores de los sistemas de agua potable en el estado, pues se ha “enredado” en la especulación de que lo recaudado se va a utilizar en gastos “irrelevantes” que nada tienen que ver con el medio ambiente.

Y teniendo en cuenta que entre las empresas que tendrán que pagar este impuesto se encuentra el Grupo Modelo, cuya compañía cervecera en Zacatecas gasta 7 mil 440 millones de litros de agua al año, lo que equivale al consumo promedio de una ciudad de 84 mil habitantes, la red de ciudadanos urgió a que se valore la permanencia “parasitaria” de la cervecera y se revise si vale la pena que a cambio de “unos cuantos empleos, mal pagados y jurídicamente inestables”, se tenga que padecer la carencia de agua y la “voracidad” de la Jiapaz, que está siendo la encargada de hacer que el pueblo “pague los yerros” del Gobierno estatal.

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