Ante la revelación de que existen “centros de esclavitud” en donde grupos del crimen organizado someten a trabajo forzado a personas privadas de la libertad, Jairo López Pacheco, investigador de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que el Gobierno del Estado no ofrece información clara, transparente ni confiable sobre la crisis de desaparición de personas.
“Es difícil de probar lo que dio a conocer sobre estos campos, pero también es consecuencia de la falta de información clara, pública y confiable que el Estado no da sobre la crisis de la desaparición de las personas”, expresó.
Refirió que el Gobierno del Estado, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía tiene la obligación de realizar análisis de contexto y nunca se ha conocido qué se hace para entender la particularidad y complejidad del delito de desaparición en la entidad.
Por otra parte, expuso que, desde la experiencia de las familias buscadoras, hay algunos testimonios en donde se cree que algunos de los casos tienen relación con el reclutamiento forzado, pero solo es una hipótesis que está presente.
López Pacheco consideró que la Legislatura y el Gobierno del Estado deberían abrir un espacio de diálogo y discusión pública para analizar y comprender las causas de la desaparición de personas.
“Por respeto a las víctimas, el poder ejecutivo y legislativo debería abrir jun proceso de discusión con la presencia de las víctimas y público en general, sobre las causas de la desaparición de personas y no seguir reproduciendo discursos reduccionistas”, expresó.
Además, opinó que también puede haber una actitud intencionada del Gobierno del Estado de no dar información completa y clara sobre el delito de desaparición de personas, y si existen esos “campos de esclavitud” implicaría una política diferenciada para atender ese tipo de situaciones.
Es decir, señaló que hay una gran responsabilidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía en el sentido de que las desapariciones no se investigan y son las familias las que realizan esa labor.
En caso de que la existencia de esos campos sea una realidad, López Pacheco reiteró que sería una situación que deberá ser atendida con sus particularidades porque el reclutamiento forzado es un delito de lesa humanidad y ello implicará políticas y atención específica.
