Desde la etapa de transición gubernamental para el inicio de la reconstrucción de Zacatecas, se identificaron serias deficiencias e inconsistencias en el funcionamiento de la administración, lo que demandó un cambio de paradigma administrativo que se reorientó en la disposición y optimización de los recursos humanos con una administración con sentido social que se determina a partir de la transparencia en el gasto y la correcta gestión de los recursos disponibles, dijo Verónica Yvette Hernández López de Lara, titular de la Secretaría de Administración, en el marco de su comparecencia ante la 64 Legislatura con motivo de la glosa del Primer Informe de Labores del gobernador David Monreal Ávila.
A pregunta expresa de las y los diputados, asentó que en el Gobierno de Zacatecas no existe una nómina secreta, tan es así que los tabuladores y sueldos de funcionarias y funcionarios se pueden consultar en el Portal de Transparencia.
Detalló los sueldos del Gabinete del Gobierno, mismos que pueden consultarse por cualquier persona, al ser públicos y tener su base de aprobación por parte de la 64 Legislatura del Estado.
La funcionario expuso que tras una la incapacidad financiera del estado para hacer frente a los compromisos de pago de nóminas, en el 2021 informó del déficit presupuestario emitido por la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del Estado presentaba una plantilla de 9 mil 887 trabajadores en activo, un gasto promedio mensual en nómina de más de 169 millones de pesos.
Ante esta problemática sensible, explicó, por el capital humano que esto representa, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación General Jurídica, se realizaron los diagnósticos y procesos presupuestales, jurídicos y administrativos para reducir la estructura orgánica de dependencias y entidades, revisando las distintas variables con el objetivo de disminuir su carga presupuestal y hacer más óptimo y eficiente su funcionamiento.
Al publicar el Acuerdo Administrativo que fomenta la austeridad republicana en materia de Recurso Humano, se implementaron los programas de Retiro Digno y de Retiro Voluntario beneficiando a 422 trabajadores y trabajadoras, con el amplio reconocimiento por sus años de servicio en la administración pública y con el respeto absoluto de los derechos laborales adquiridos.
Con la disminución definitiva de 281 plazas, se contuvo el gasto anual por más de 92 millones de pesos. que permite estimar que durante la gestión de esta administración sólo por esta acción, se contendrá el gasto por el orden de 556 millones de pesos, donde se excluyeron a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud.
De la plantilla de trabajadores activos se redujeron mil 150 plazas, lo que se tradujo en una contención presupuestal de más de 333 millones de pesos. En el periodo que se informa, con respecto al mismo periodo al año anterior.
Destacó que esta contención del gasto del Capítulo 1000 que contribuye al equilibrio financiero del estado, incluye el incremento salarial escalonado del 3 al 5 por ciento y que fue pagado en su totalidad y de manera retroactiva por la Secretaría de Finanzas, que derivó del convenio de prestaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), conformada por 4 mil 142 trabajadores que representa el 49 por ciento del capital humano de Gobierno del Estado.
Con el objetivo de mejorar la capacitación y desarrollo profesional de los más de 8 mil 700 trabajadores del Gobierno del Estado y de sus familiares cercanos, se firmaron convenios con Instituciones de Educación Superior con el que se accede a becas de hasta el 30 por ciento en la oferta de diversos programas educativos.
Además, refirió que la Secretaría de Administración impulsó procesos para la dignificación de las condiciones para el desempeño de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, dentro de las que podemos destacar acciones afirmativas en favor de la igualdad sustantiva.
Por otro lado, mencionó que con respecto a los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado, se recibieron las observaciones de la cuenta pública 2021 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el sentido de la falta de regularización de 98 inmuebles, de los cuales 42 están sin escriturar, 40 sin registro público, 29 sin avalúo y 98 sin libertad de gravamen, así como 27 mil bienes muebles, que carecían de contrato de comodato. Referente a los 98 bienes, 65 por ciento ya cuentan con certeza jurídica, 28 por ciento con copia certificada de la escritura y certificado de libertad de gravamen y 46 por ciento cuenta con valor actualizado.
Además, durante el año 2020, las contrataciones públicas a través de esta secretaría, se adjudicaron en un 43 por ciento a través de licitación pública, 1.31 por ciento de adjudicación directa y 55.39 por ciento de Invitación a cuando menos tres personas.
Por ello en el periodo que se informa, se realizaron procedimientos para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios por un monto total de más de 536 millones de pesos, donde la proporción de Licitaciones Públicas fue del 82.10 por ciento, mientras que de invitación a cuando menos tres personas, fue de 0.96 por ciento y de adjudicación directa fue del 17 por ciento.
En este sentido, los procedimientos de contratación bajo la modalidad de licitaciones públicas, pasó del 43 por ciento en el ejercicio inmediato interior al 82 por ciento en el periodo que se informa.
Con este incremento de los procesos celebrados mediante licitación pública, se fortalece el cumplimiento de los preceptos de los artículos 134 y 144 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, respectivamente.
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, despidos injustificados y demandas laborales inició los cuestionamientos el diputado independiente, José Luis Figueroa Rangel, preguntando si ya está lista la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, cuánto se gastó en la regularización de bienes inmuebles, y cuántas dependencias, poderes y organismos autónomos atendieron el mandato de la Ley de Austeridad y Disciplina Financiera.
La diputada María del Mar de Ávila, a nombre del grupo parlamentario del PAN, solicitó información respecto a la manera en que se logra tener intercomunicación con todas las áreas para mantener un buen funcionamiento, y cómo hacen para que la sociedad se entere de los trabajos que realizan. También requirió a la funcionaria, informe cuánto se ha erogado por estímulos al trabajo recibido, quiénes y por qué monto lo han recibido. Sobre despidos injustificados solicitó hablar más a detalle; sobre la transversalidad en políticas públicas de esta administración, cuestionó las acciones que se tienen contempladas. Finalmente, preguntó por qué se comprometió por 10 años el uso del Hospital de la Mujer en Fresnillo.
Por su parte, el diputado Jehú Eduí Salas presentó los planteamientos del grupo parlamentario del PRI, señalando la reducción de la plantilla de trabajadores de Gobierno del Estado, y los ahorros que se informaron.
Al respecto el legislador solicitó se aclaren los datos presentados, cuántas plazas se han ocupado nuevamente, si han existido contrataciones en lo que va de esta administración, y en relación al universo de trabajadores y de plazas docentes y administrativas en la secretaría de educación, pidió saber si se incrementaron. En otro tema, preguntó por cuántas demandas laborales por despido injustificado existen y qué recurso fue destinado para el pago de indemnizaciones.
Cuestionó por las acciones que se han realizado para garantizar que se efectúen compras a proveedores locales, y en el caso concreto de los comedores industriales, preguntó bajo qué criterios se hizo la adjudicación directa del servicio.
