■ 47 millones de pesos corresponden a anomalías de la Universidad Autónoma de Zacatecas
■ Los involucrados en inconsistencias tienen un plazo legal para solventar, afirma la ASE
Con la abstención de tres diputados de oposición, 20 votos mayoritarios a favor y sólo cinco en contra, los legisladores locales aprobaron la forma en que Gobierno del Estado se gastó el recurso público en 2013, con anomalías por más de 123 millones 832 mil pesos, de los cuales 47 millones corresponden a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y otros 4 millones 630 mil por revisiones de obra pública.
Ante algunas acusaciones de cifras maquilladas y opacidad en la información, así como comentarios de ser “uno de los actos más democráticos”, con la aprobación de dicha cuenta pública los legisladores dieron el aval a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que dé a los involucrados en las irregularidades un plazo para solventar, de no ser así iniciar un proceso sancionador y además regresen a las arcas públicas los más de 123 millones de pesos.
En esta ocasión, en sesión ordinaria de Congreso, cinco diputados votaron en contra de la cuenta pública de Gobierno del Estado (Guadalupe Medina, Soledad Luevano, José Luis Figueroa, Eugenia Flores e Iván de Santiago). Se abstuvieron los perredistas Gilberto Zamora y Juan Carlos Regis, así como el panista Mario Cervantes. Por ende se sumaron a los 20 que sufragaron a favor. Rafael Flores, del PRD, no asistió.
En la cuenta pública aprobada ayer a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) se le encontraron irregularidades por 40 millones 372 mil 294.71 pesos; a la Secretaría de Infraestructura se le hicieron observaciones por un millón 865 mil 403 pesos; a la subsecretaría de vivienda, 859 mil pesos; la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (Sama), un millón 609 mil 325.18, la Secretaría de Economía (Sezac), 8 millones 214 mil 507 y al Colegio de Bachilleres (Cobaez), 16 millones.
También el Incufidez está en la lista de las dependencias observadas con 4 millones 152 mil 779.56; la Secretaría de Administración, 776 mil 300 pesos; los Servicios de Salud de Zacatecas, 7 millones 104 mil 697.60 pesos y a la UAZ se le encontraron observaciones por 47 millones 019. 827.61 pesos.
Durante la discusión del dictamen, la coordinadora del PAN, Guadalupe Medina Padilla, destacó que la fiscalización fue sólo una muestra sesgada y deficiente porque sólo contempló la revisión de 16 secretarías y cuatro órganos descentralizados, con lo cual sólo se alcanzó 22 por ciento del total. Se pronunció por regresar el documento a comisiones y ampliar la fiscalización.
“Es una Cuenta Pública basada en contabilidad fraudulenta e informes falsos”, dijo a la par de cuestionar el actuar del auditor Raúl Brito: “no tiene cara y no debería estar al frente de la ASE; es juez y parte, todo le corrige a Gobierno estatal”.
Con discurso contrario, el priísta Rafael Gutiérrez consideró que la aprobación se hizo de cara abierta a la sociedad y a los cuestionamientos los calificó de provocaciones a las que el PRI no atenderá. La fiscalización se hizo alejada de los vaivenes políticos, y ajustada al marco constitucional, agregó.
La diputada del PRI, Elisa Loera de Ávila, señaló que la aprobación de la cuenta pública de Gobierno estatal fue uno de los “actos más democráticos y de la consolidación del derecho”.
El coordinador de la bancada del PRD, Iván de Santiago Beltrán, se pronunció porque se tomen cartas en el asunto de los funcionarios encontrados responsables de las irregularidades por más de 123 millones de pesos, porque de lo contrario “todo quedará sobrando”.
También, en sesión del Congreso, en el apartado de asuntos generales algunos legisladores cuestionaron que pese a vivir en un Estado laico, el gobernador Miguel Alonso haya visitado al Papa Francisco durante una gira de trabajo. A lo cual en defensa del mandatario salió el priísta Héctor Pastor, quien dijo que si bien debe haber respeto al Estado laico, “pero que no haya herejes”.
Por otro lado leyó un exhorto al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Economía convenga con las diversas empresas instaladas en el estado a que un porcentaje de las contrataciones que se hagan para allegarse de bienes y servicios sea con empresas zacatecanas, especialmente con el sector del autotransporte.
