De los tres Poderes de la Unión cuyos integrantes deben reunir un perfil académico son los que conforman el Judicial, pues tienen la facultad de aplicar el derecho abstracto a un caso concreto para dirimir controversias. O sea, “decir la ley; decir el derecho”. Es exigible por tanto, poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Además, el perfil debe incluir su eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Igualmente, deben gozar de buena fama y no haber sido condenados por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.
Así, se ha tenido la idea de que los cargos de juzgadores deben recaer en los mejores hombres y mujeres que reúnan tal perfil.
Es por eso que no pueden ser electos popularmente, pues tendríamos un poder judicial totalmente sujeto al partido mayoritario cualquiera que fuese el “color”. Por tanto debe ser absolutamente ajeno a la politización. Totalmente contrario a lo que ocurre con los integrantes de loa Poderes Legislativo y Ejecutivo que sí son electos popularmente, pero los tres, quedan sometidos al orden jurídico.
Por estos días sin embargo, ocurre un hecho que se antoja insólito: se hizo llegar a la Ministra Presidenta de la SCJN, una denuncia anónima presentada en contra del ex ministro Arturo Zaldívar y cuatro de sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción. Lo que por acuerdo de la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha dado origen a una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, según señalaron la SCJN y el propio CJF.
La denuncia entregada al Consejo de la Judicatura Federal el día 9 del mes en curso, señala presuntos actos de corrupción y por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación al presionar, intimidar, extorsionar y acosar a jueces, juezas, magistrados y magistrados del PJF para obtener beneficios personales y económicos, así como para frenar resoluciones que afectaran al gobierno de AMLO. Describe un esquema dirigido por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra, enumerando tales conductas.
Sin importar que se trate de una denuncia anónima y que además no vaya acompañada de pruebas, ésta sí es procedente toda vez que, tanto el CJF como la SCJN informaron que el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales sí cuenta con facultades para esa investigación, pues existe una reforma publicada desde 2020, cuando el entonces ministro Arturo Zaldívar, fue presidente de la SCJN.
La denuncia anónima presentada contra Zaldívar y una veintena de colaboradores, de los que destacan cuatro, sostiene que existió un modus operandi durante su gestión como titular del Poder Judicial de la Federación para presionar a jueces, juezas, magistrados y magistradas con dos grandes propósitos: primero, favorecer al gobierno de AMLO con resoluciones que no frenaran sus proyectos estratégicos como el tren maya y, segundo, alterar litigios para obtener grandes beneficios económicos o políticos.
Ciertamente la investigación ya está en curso.
Bajo este escenario, queda en evidencia el doble discurso de López Obrador. Por un lado, la recurrente agresión contra el Poder Judicial, en particular a partir de que preside la SCJN la ministra Norma Piña Hernández y por el otro, beneficiándose de ese Poder a través de Arturo Zaldívar quien cuando fungió como titular, era prácticamente un servidor del mandatario. “Esa comodidad”, le era útil a éste último. Tanto que, fue precisamente por esa mezcla de corrupción que se trató de prorrogar dos años más el cargo de presidente de la Corte que ocupaba Zaldívar. Debiendo concluir en 2022, se pretendía que lo fuera hasta 2024.
En el cargo no pudo con tal empeño. Sin embargo como ministro de la SCJN, sorprendió que en el mes de noviembre pasado, sin ningún motivo legal renunció para incorporarse de inmediato al equipo de la candidata oficial Claudia Sheinbaum.
Un hombre sin escrúpulos como Zaldívar, es quien promete que será el autor de la reforma judicial anunciada por Andrés Manuel López Obrador.
Los cuatro principales ex colaboradores de Zaldívar que se mencionan en la denuncia son:
Netzaí Sandoval, actual coordinador de ponencia de Lenia Batres.
Edgard Manuel Bonilla, magistrado federal.
Julio Scherer Ibarra, empresario inmobiliario.
Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación.
¿Todavía no llegan al poder y ya se caracterizan por implementar un gobierno en donde posiblemente, habrá corrupción y malos servidores públicos?
