Los 38 años que el juez estadounidense, Brian Cogan, dictó como sentencia para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, representa un hecho histórico por ser la más alta sentencia en contra de un ex funcionario mexicano en el vecino país del norte, así como en contra de un funcionario vinculado al narco. Pero en otro sentido es un paso pequeño en los diversos aspectos que demandan aclararse sobre la Guerra contra el narco de Felipe Calderón, y en un sentido más crítico, hay que señalar que Genaro García Luna ha terminado por engrosar la lista de detenidos por vínculos con el narco que son usados con fines políticos.
Sobre dichos aspectos, es imperioso que no se soslaye la responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos en el tema del tráfico de drogas y el crecimiento de los llamados “cárteles de la droga”. Más allá de la demanda estable de estupefacientes desde el norte hacia el sur, derivada del pivote de consumo que representa Estados Unidos, existe el señalamiento desde voces académicas y el análisis formal del fenómeno del uso que se le ha dado a la guerra contra las drogas iniciada por Richard Nixon y desarrollada por las administraciones –tanto republicanas como demócratas- posteriores. Ese uso, más que obedecer a una legítima intención por acotar el tráfico de drogas, se relaciona con una racionalidad geoestratégica y acorde al expansionismo estadounidense.
La detención y sentencia en contra de García Luna debiera ser no una victoria moral de una nación sobre otra en el tema del tráfico de drogas, sino el punto de partida para el deslinde de responsabilidades en ambos lados de la frontera, pues es poco verosímil que el tinglado de comercio ilegal –tanto de estupefacientes como de otras cosas e incluso personas con las que lucran los grandes grupos de traficantes mexicanos- se sostenga en la corrupción de partes específicas de sólo uno de los gobiernos, pues se trata de un proceso transnacional de gran calado y largo aliento. En ese sentido se debería actuar en las diversas escalas de una estructura que incluye agentes aduanales, funcionarios de medio y alto nivel, y al margen del gobierno, pero con igual responsabilidad, empresarios y bancos coludidos y beneficiados por componentes del capital criminal en diversas fases de su valoración, como es la del proceso de lavado de dinero.
El contexto que emana de lo señalado hasta este punto incluso supera la relación México-Estados Unidos e implica a España, lugar donde actualmente radica el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y quien ante los señalamientos y pruebas fehacientes del fraude electoral que encabezó en 2006 para llegar a la presidencia de la República Mexicana, manifestó una frase que a un mismo tiempo admitía el fraude, pero también pretendía liberarlo de responsabilidad: “Haiga sido como haiga sido” (sic).
Hoy, ante la sentencia contra García Luna, Calderón busca volver a liberarse de responsabilidad afirmando que él “no sabía nada” de los nexos con el narco que por años Genaro García Luna mantuvo con el Cártel de Sinaloa, y en una muestra de las ironías de la política pero también de la falta de lealtades, incluso lucra con la sentencia con ´tuitazos´ en los que se presenta como el valiente responsable de hacer frente a los grupos criminales, pero evita dar la cara por García Luna, a quien él empoderó en el mando de seguridad, y a quien no olvidemos, también pretendía mantener en el cargo incluso más allá de su presidencia.
La referencia previa a España radica también en que es un país al que ex presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto o el mismo Calderón han recurrido para arroparse de la seguridad que les brinda el sector político conservador y la visa dorada, la cual sólo se otorga a los individuos con grandes cantidades de dinero. Un verdadero deslinde de responsabilidades a partir de la sentencia en contra de Genaro García Luna debiera derivar en las peticiones de México y Estados Unidos para investigar y en su caso detener a Felipe Calderón, así como las acciones correspondientes de parte de Interpol y el gobierno español para facilitarlo.
Por último, hay que señalar la vocación del Partido Acción Nacional (PAN) de carroñear en hechos como el de la sentencia en contra de García Luna, al tiempo que omite su responsabilidad. Y es que en voz de Marko Cortés, en las últimas horas se hizo el llamado al intervencionismo estadounidense en México, lo que además de un agravio a la soberanía nacional representa viabilizar la tentativa expansionista estadounidense previamente referida. En ese sentido, ni Calderón ni Marko Cortés pueden negar la cruz de su parroquia, pues dan muestra de su habilidad de negar responsabilidad al tiempo que lucran con la situación de uno de sus correligionarios.
