Arturo Nahle García, exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), manifestó su inconformidad con la reciente remoción del director de Servicios Periciales, por el caso de la madre buscadora Virginia de la Cruz y la demora en la identificación de su hijo José Alejandro.
En una columna publicada por Triple Erre, Nahle remarcó que despedir a José Luis Jiménez Gómez como director de Servicios Periciales es una decisión meramente política que ha generado indignación dentro de este organismo, en el que el salario para los peritos profesionales no supera los 19 mil 400 pesos mensuales, con jornadas de trabajo excesivas.
Nahle García también enfatizó que la madre Virginia de la Cruz falló en identificar a su hijo el 12 de diciembre de 2023 cuando le presentaron fotos de los cadáveres en el Servicio Médico Forense (Semefo), a pesar de que él joven tenía varios tatuajes identificables, y que incluso este 4 de julio pasado, la madre buscadora tampoco pudo reconocerlo, siendo una de sus hijas la que logró hacer la identificación.
Al referirse a la falta de resultados del análisis de ADN, Arturo Nahle mencionó que al estado le cuesta ocho mil pesos analizar cada muestra, y que son nueve mil los análisis que se realizan cada año; «a veces tardan más en identificarse los cuerpos o terminan en la fosa común», añadió el político.
Remarcó que urge fortalecer los servicios periciales, y urge una verdadera sororidad hacia las madres buscadoras, explicando que muchos de los cuerpos que ingresan al Semefo, no logran ser identificados hasta que algún familiar les reconoce.
“Se trata de un discurso retrograda y anti derechos por parte de alguien con envestidura pública, que claramente establece que no hay dignidad en el trato y atención institucional para las víctimas, mucho menos justicia”, señaló una abogada acompañante de familiares de víctimas de desaparición respecto a la columna de Nahle García.
Es muy lamentable y alarmante la responsabilización que se hace a las familias de procesos en los que pueden existir diversos factores que imposibilitan la identificación directa por medios fotográficos, el análisis de ADN es además obligatorio, aunque se reconozca el cuerpo por los familiares, subrayó la entrevistada.
La abogada también reprocha que el jurista contara con información confidencial que es del ámbito exclusivo de la Fiscalía, mencionando fechas de eventos atroces para la señora Virginia.
“Sin duda si en Zacatecas se tuviera garantía de la aplicación de la justicia, no habría tantos delitos de alto impacto y de lesa humanidad, en el caso de desapariciones”, sentenció la acompañante de víctimas al referirse a las 9 mil personas que están detrás de las muestras de ADN sin identificar en la Fiscalía.
“No son cifras, son personas que están en la incertidumbre jurídica, sin reconocimiento alguno para ser entregadas a sus familias”, finalizó la entrevistada.
