Las mujeres pobres figuran como las principales afectadas ante los nuevos esquemas de salud pública en México, encaminados totalmente hacia la privatización.
Para la cobertura universal, incluida entre los retos del programa sectorial de salud, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), no se ve claro. Estamos a mediados de sexenio y no se sabe si realmente hay una estrategia para alcanzar o al menos avanzar en esa aspirada universalidad.
Desde hace ya una década (con el surgimiento del Seguro Popular) los gobiernos federales se han empecinado en mencionar que la salida a la crisis que hay en el Sistema de Salud mexicano viene a resolverse por lo que ellos consideran la “universalización”. Casi 4 millones de mexicanos mayores de 5 años, 3.8% de la población, carece de acceso alguno a servicios de salud, ya sea a través del Seguro Popular o la seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.
Los 50 millones de afiliados del Seguro Popular tienen una menor cobertura en comparación con los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE. El Seguro Popular cubre sólo 344 padecimientos.
Las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaron el 2.4% de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (elaborado por la Organización Mundial de la Salud –OMS-).
Cada vez se limita a instituciones de salud pública el número de medicamentos y servicios básicos con el objeto de que las y los pacientes, los adquieran fuera de los hospitales, con lo cual se abren espacios a la iniciativa privada.
En el reciente reglamento de la Ley General de Servicio de Salud, se ha abierto la posibilidad de que existan otro tipo de instituciones que presten servicios médicos a la población, dejando de lado la responsabilidad que tiene el Estado en este renglón.
El Gobierno Federal obedece a los mandatos del Banco Mundial (BM), al adelgazar el presupuesto destinado al sector salud público y orillar a la población a acudir a servicios privados. Esto es, al tratar a personas enfermas como «clientes», mutilando su derecho a la salud pública, lo que restará las responsabilidades del Estado hacia servicios médicos.
Enfermedades como el sida,
infecciones de transmisión sexual, drogadicción y atención a los pobres, son consideradas como obligación del Estado, toda vez que se encuentran en total desamparo por parte de las instituciones privadas.
De esta forma, la salud deja de ser un derecho social, para convertirse en un mecanismo de intercambio, por lo que México y África no se encuentran nada lejos en cuanto a similitud de cifras en desnutrición, pobreza y muerte infantil.
México se ha ido convirtiendo en una sociedad enferma, donde la diabetes es la primera causa de muertes al año en México, con cerca de 10 millones. Seguida por las enfermedades cardiovasculares, según la OMS estos padecimientos son la causa del 26% de las muertes de mexicanos.
El cáncer es la tercera causa de muerte en México y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos.
La hipertensión en adultos tiene una prevalencia de 43.2% y más de la mitad, 26.6%, no sabe que padece esta enfermedad.
Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos del mundo. Siete de cada 10 mexicanos padecen esta enfermedad. La prevalencia combinada es mayor en las mujeres (73%) que en los hombres (69.4%).
La depresión es la principal causa de discapacidad en los países desarrollados y será la primera en todo el mundo para el año 2020. Afecta a 8 por ciento de las personas en México, de las cuales sólo la décima parte recibe tratamiento y de éstas apenas 1 por ciento se atiende con un médico especialista.
El sistema de salud vigente apuesta por un modelo que parece estar diseñado para poner las bases de una futura privatización, es decir, pretende demostrar la ineficiencia de un sistema de seguridad social pública, a partir del abandono.
Las farmacias vacías, los hospitales y clínicas abandonadas, el mal servicio fortalecido por las bajas condiciones laborales de médicos, especialistas y enfermeras subcontratados, pareciera que serán la base de un futuro, muy cercano, que demostrará que el gobierno no está capacitado para garantizar la salud a la población y que la salida, será, una vez más (como con Pemex) la inversión extranjera.
Desde la Cámara de Diputados, trabajaremos para fortalecer sistemas de salud que vayan encaminados a una salud integral, emocional y física, donde la prevención fortalezca una vida sana, apoyada en el deporte, la familia, la seguridad.
Gestionaremos más hospitales y trabajaremos para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y por lo tanto de los enfermos. Sin embargo debemos entender la salud, como resultado de una vida sana y feliz, no como la cura de la enfermedad. Es decir, la construcción de la salud no espera a enfermen las personas, la salud se construye con personas sin miedo a perder el empleo o no comer mañana, con acceso a la solución de sus necesidades de vestido, alimentación, diversión y educación.
La salud va mucho más lejos que la construcción de hospitales, pero la derecha del PRI y el PAN la entienden como una mercancía.
