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sábado, 19 abril, 2025
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■ Activistas en Zacatecas defienden el uso y consumo ético, legal y responsable de cannabis

La fiscalización estricta de marihuana genera mercados ilícitos sin control sanitario: UNODC

■ Legalizar el consumo para adultos es una estrategia para fracturar el negocio ilícito de los cárteles

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Por: ALEJANDRA CABRAL •

El activismo cannábico en México tiene raíces culturales de larga data. En 1985, el primer Manifiesto Pacheco, marcó un hito al denunciar la criminalización del consumidor como una forma de represión política. Este texto contracultural que proclamaba el «derecho a estar pacheco» y reivindicaba la marihuana como parte de una cultura de paz, libertad y creatividad fue difundido en el Tianguis del Chopo y a través de fanzines independientes.

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En la capital zacatecana, el 4 de abril (4/20) fecha emblemática para el movimiento cannábico internacional, no pasa desapercibida. Desde hace más de una década, distintos activistas y promotores han organizado caminatas, conciertos y actos simbólicos que, a diferencia del pasado, ya no ocurren en secreto sino con presencia en medios y participación juvenil abierta.

Se dice que la fecha tiene su origen en un grupo de estudiantes de California que en la década de 1970 se reunía a fumar marihuana a las 4:20 de la tarde, dando pie al código que más tarde se convirtió en símbolo global de activismo. Este 2025, Cannabis Zacatecas, Sagrados Aposentos y otros colectivos se suman a esta conmemoración.

Uno de los eventos, «Zacatecas en Verde», comprende una jornada de tres días (18 al 20 de abril), y reúne a artistas, activistas y consumidores que promueven el uso medicinal y recreativo del cannabis, incluyendo conciertos y conferencias sobre el uso y consumo ético, todo dirigido a mayores de edad.

Javier Delgado “Walaz”, uno de los organizadores, destaca que la marihuana, con sus beneficios a la salud, puede convertirse en una vía para el desarrollo económico y dejar de ser un factor de criminalización social. Enfatiza que Zacatecas se está quedando atrás en este tema, en comparación a estados como Jalisco y Baja California.

El debate sobre la legalización, sin embargo, sigue suscitando polémica. Un ejemplo de postura de prevención abstencionista es la del Centro de Integración Juvenil (CIJ) que subraya que el uso de cannabis afecta el desarrollo cerebral de los jóvenes y puede detonar trastornos afectivos. A través de su campaña «La marihuana sí daña», la institución advierte sobre los riesgos de su normalización y se opone a intentos de legalización que faciliten su acceso.

Por otra parte, el más reciente Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señala que la criminalización no reduce el consumo y que, en cambio, contribuye al estigma y la exclusión. 

Un estudio nacional de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) revela que el 78% de los usuarios medicinales en México consumen sin prescripción médica, además, alerta sobre casos de uso en infancias de hasta 4 años de edad y que el 11% de los usuarios recreativos y medicinales encuestados reportaron haber sido detenidos por consumo en el último año.

Desde la perspectiva económica, el investigador Christian Herrera Medina argumenta que la prohibición ha favorecido la acumulación de capital en manos del crimen organizado. Con base en datos de Estados Unidos, apunta que el precio del kilo de cannabis mexicano bajó de mil 200 a 400 pesos tras la legalización en ese país, y los decomisos disminuyeron más del 80%. En Colorado, la recaudación fiscal por este rubro supera los 24 millones de dólares mensuales.

En este sentido, Israel López de Gante argumenta que legalizar el consumo para adultos es una estrategia para fracturar el negocio ilícito de los cárteles, y no solo una concesión ideológica. Su tesis compara los modelos de Uruguay y varios estados de EE. UU. y concluye que el Estado mexicano debe asumir el control total de la cadena productiva del cannabis, desde la producción hasta la venta: recaudando impuestos, reduciendo la violencia y disminuyendo el poder económico de los grupos criminales. Advierte también que, sin una regulación con sentido social, el mercado legal podría ser capturado por grandes corporaciones transnacionales.

Investigaciones recientes en salud mental y consumo permiten matizar los riesgos del consumo. Una tesis de Agnes Benítez encontró que la depresión es un predictor significativo del consumo intensivo de sustancias como el alcohol, tabaco y marihuana en jóvenes adultos. En contraste, la correlación con ansiedad no fue clara. El estudio señala que los patrones de consumo difieren entre quienes estudian y quienes trabajan. 

Otros estudios científicos han documentado riesgos asociados al consumo en fechas como el 4/20. Un análisis de 25 años en Estados Unidos reveló un aumento del 12% en accidentes de tráfico fatales después de las 4:20 pm el 20 de abril. 

A nivel experimental, estudios de simuladores de conducción han mostrado que el tetrahidrocannabinol (THC) reduce el tiempo de reacción y aumenta la variabilidad en la velocidad y el desplazamiento del vehículo en el carril.

Estas cifras han sido utilizadas por quienes se oponen a la legalización. No obstante, se argumenta que el contraste con la legalidad del alcohol es ilustrativo: el alcohol acumula miles de muertes anuales por enfermedades hepáticas, accidentes viales y violencia. 

La UNODC documenta que las hospitalizaciones relacionadas con el cannabis aumentaron 1.6 veces en Canadá entre 2015 y 2021, principalmente por psicosis inducida y trastornos por consumo en personas entre 16 y 24 años. No obstante, indica que el consumo entre adolescentes en general se ha mantenido estable desde la legalización, y ha disminuido en algunos indicadores con políticas complementarias como restricciones de edad, control en puntos de venta y campañas de monitoreo escolar y comunitario.

A pesar de que la legalización suele ir acompañada de un aumento en el consumo diario y una disminución en la percepción del riesgo, según muestran las experiencias de otros países, la UNODC concluye que se trata de un proceso de regulación continua que debe diseñarse con base en principios de salud pública, justicia social y seguimiento epidemiológico riguroso.

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