Cada 17 de diciembre, el mundo recuerda a las trabajadoras sexuales víctimas de violencia, en un día dedicado a exigir su respeto y protección. Esta fecha fue instaurada en 2003 en memoria de las más de 49 mujeres asesinadas en Seattle entre los años 1980 y 1990 por el “Asesino de Green River”, quien justificó sus crímenes con la macabra idea de “limpiar las calles” de trabajadoras sexuales.
A lo largo de los años, el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales ha evolucionado para incluir no solo un homenaje a las víctimas, sino también una convocatoria a defender los derechos de todas las personas que ejercen este oficio.
El trabajo sexual, una de las profesiones más antiguas del mundo, ha sido históricamente objeto de estigmatización, criminalización y abuso. Las trabajadoras sexuales enfrentan, en su mayoría, violencia física y psicológica, explotación por parte de proxenetas, así como la indiferencia o complicidad de las autoridades.
A menudo, este sector se ve criminalizado, lo que empeora su situación al obstaculizar su acceso a servicios de salud, proteger su seguridad y garantizar sus derechos laborales.
Por ello, el 17 de diciembre no se trata solo de recordar las tragedias pasadas, sino de dar visibilidad a las luchas que enfrentan estas mujeres y hombres, quienes, al igual que cualquier trabajador, tienen derecho a un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia. El objetivo de este día es reclamar la igualdad ante la ley, así como promover un enfoque más inclusivo en políticas de salud, seguridad y derechos laborales, que aseguren que las trabajadoras sexuales sean tratadas con dignidad.
El trabajo sexual no solo es una forma de subsistencia para muchas personas, sino también una actividad que involucra a una amplia diversidad de géneros, incluyendo a hombres y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.
Uno de los esfuerzos en garantizar tal seguridad fue la propuesta de la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, quien destacó que la prostitución, a pesar de ser estigmatizada, es la única forma de ganarse la vida para muchas personas. En este contexto, subrayó la importancia de distinguir entre la prostitución y delitos como la trata de personas, el turismo sexual o la explotación sexual, que son problemáticas muy diferentes.
A fin de proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, el Partido del Trabajo propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo para crear un capítulo específico sobre “Personas Trabajadoras Sexuales”. Esta propuesta incluye la definición de “trabajo sexual”, diferenciando esta actividad de los delitos relacionados con la sexualidad. La propuesta buscaba que se reconozcan los derechos fundamentales de los trabajadores sexuales, tales como el derecho a la salud, la educación sexual y reproductiva, y el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones sexuales.
Los números que acompañan esta lucha evidencian la gravedad del problema. Según el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (BANEVIM), de enero a noviembre de 2024, hubo 15 mil 109 casos de violencia contra mujeres, de los cuales 816 fueron de violencia sexual.
A lo largo del año, la violencia afecta principalmente a mujeres adultas de 31 a 59 años, con un total de cuatro mil 364 casos.
Además, las mujeres con escolaridad de nivel secundaria se encuentran entre las más afectadas, con tres mil 10 casos reportados.
En cuanto a la ocupación, se puede observar que el 1 por ciento de los casos está relacionado con la actividad ilícita, aunque no se especifica si está directamente vinculado con el trabajo sexual. Por otro lado, quienes trabajan en el hogar reportaron dos mil 239 casos de violencia, y las mujeres que se encuentran en otras ocupaciones o cuya situación laboral se desconoce suman un total de dos mil 216 incidentes.
Este 17 de diciembre, no solo es un día de homenaje a las víctimas, sino un recordatorio de que las trabajadoras sexuales necesitan ser parte activa del debate sobre políticas públicas que garanticen su seguridad, sus derechos y su bienestar. Las reformas legislativas y las medidas de protección son cruciales para transformar la realidad de quienes ejercen esta actividad y para erradicar la violencia que sigue siendo una constante en sus vidas.
