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jueves, 18 agosto, 2022
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Con herramientas legislativas, diputados reviven ‘fantasmas’ de la corrupción vinculadas a esta figura

■ Al Poder Legislativo no le compete administrar recursos: Luis Medina Lizalde

■ Hay una iniciativa ciudadana dirigida a regidores y ciudadanos, para reunir firmas y desaparecer esta figura

■ Con la llamada “Estafa Legislativa”, se evidenció que diputados locales triangulaban millones de pesos con empresas ‘fachada’ por supuestas asesorías

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

27 diputados votar a favor de ‘revivir’ las herramientas legislativas

Con la derogación del segundo párrafo del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, que señalaba que “la Legislatura no podrá presupuestar de sus recursos ayudas sociales”, aprobada el martes 14 de diciembre por la mayoría de diputados y diputadas de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura, reviven no solamente las herramientas legislativas, sino también el fantasma de la corrupción que ha pululado desde hace años en torno al recinto legislativo del estado.

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Fue hasta antes de la 61 Legislatura, los diputados erogaban alrededor de 70 millones de pesos en “servicios generales”, que pertenecen al capítulo 3000, de acuerdo con la clasificación del objeto del gasto en la administración pública federal y local.

El presupuesto total que la Legislatura calculaba para la operación de los servicios generales, se dividía entonces según el trabajo en comisiones, lo que obligaba, hipotéticamente, a destinar más recursos a las comisiones que mayor productividad mostraban en cada ejercicio legislativo, explicó para este medio el asesor y columnista, Gabriel Contreras Velázquez, en mayo de 2018.

En su columna titulada “Adiós a las Herramientas Legislativas” aparecida en este diario el 15 de mayo, Contreras Velázquez recordaba que no fue sino hasta que Rafael Flores Mendoza, diputado por el Partido de la Revolución Democrática en la 61 Legislatura, promovió un punto de acuerdo para que un porcentaje del total de recursos que los legisladores gastaban en la operatividad de las distintas comisiones (y sus secretarías técnicas), se destinara para “beneficencia social”.

Esto obligó a modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que las herramientas legislativas tuvieran cabida, pero ahora en los recursos de cada uno de los 30 diputados, quedando obligados a presentar el soporte documental que comprobara el ejercicio de los recursos que recibían para gastos de gestión legislativa, administrativa y social.

De esta manera, los diputados comenzaron a absorber personalmente, una buena parte del gasto de los “servicios generales” de la Legislatura, que es el capítulo 3000, transfiriendo el 20 por ciento al capítulo 4000, de ayudas sociales, pero cuando concluyó la 61 Legislatura, creció hasta un 60 por ciento del recurso, que fue lo que se llamó entonces “herramientas legislativas”, cuyo gasto de acuerdo con la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 61 Legislatura, aún vigente en 2014, ascendía a 133 mil 354 pesos, más 92 mil 242 pesos erogados en “Servicios Legislativos y Administrativos”.

“Sin embargo, aquella proporción desaparecería al inicio de la 62 Legislatura, cuando el ex director de administración y finanzas, Javier Albano Bernal González planteó la idea en la cabeza de Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval de trasladar el total del gasto al Capítulo 4000. De esta manera, el Poder Legislativo mutó a una nueva entidad de beneficencia pública, dejando para un segundo momento sus tareas naturales (hacer leyes)” escribió Contreras Velázquez.

Xerardo Ramírez, principal promotor de la iniciativa, es señalado por recibir ‘moches’

Con esto, se dio pie a un sinfín de gastos discrecionales en la Legislatura, con falsificación de recibos y credenciales que servían para justificar dicho gasto de 200 mil pesos mensuales, y un ejemplo de esto, recordó el columnista en 2018, fue cuando un año antes, la entonces diputada Iris Aguirre Borrego, quien pretendió volver a la curul en el pasado proceso electoral, terminó de comprometer la efectividad de las “herramientas legislativas” cuando de una “gestión” de 12 mil pesos, buscó obtener a cambio 11 mil 500. “Así condenaron, en poco tiempo, un precepto constitucional que no nació para el financiamiento personal”, recordó Contreras Velázquez.

Con estos antecedentes, la idea de su eliminación comenzó desde la Sexagésima Segunda (62) Legislatura, cuando el entonces diputado de Morena, José Luis Medina Lizalde, apuntó la crítica hacia este recurso que, en sus palabras, no tenía justificación. Y fue previo a que se votara el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018, la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, aseguró que en la propuesta alterna de paquete económico, que nunca pudieron presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no aparecían las herramientas legislativas, ya que le apostaban a la austeridad de los tres Poderes, pero debían empezar por su propia casa.

No obstante, y sin importar que aquel 11 de diciembre de 2017, Bañuelos de la Torre, hoy senadora de la República, consideró que no estaba justificado un gasto como el de las herramientas legislativas, cuatro años después, su amigo y ahora correligionario, José Xerardo Ramírez Muñoz, que fue elegido para coordinar al PT en la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura, es quien presentó la reserva con la que se reviven.

En el mismo tenor en aquella discusión de 2017, el diputado morenista, José Luis Medina Lizalde, que a la postre terminaría siendo el abanderado para sepultar este recurso, señalaba igualmente la falta de justificación y precisaba que el concepto por el que se conoce a estos recursos no corresponde al uso que se le da, ya que la mayoría se destina a “ayudas sociales para entregar despensas y ese tipo de cosas”.

Señaló entonces, Medina Lizalde, que no había razones para mantener estos gastos, ya que al Poder Legislativo no le compete administrar recursos. Inclusive, dijo que era “tan absurdo” como si los jueces recibieran un concepto llamado herramientas judiciales para repartir despensas, láminas y ayudas en sus distritos judiciales; “ésa es una aberración, no tiene ningún sentido y es un incentivo de corrupción terrible”, concluyó al referirse a esta idea y a las propias herramientas legislativas.

Además, la cercanía en ese entonces de proceso electoral de 2018, a decir de Medina Lizalde, podría suponer un peligro mayor, pues había “muchas bolsas ocultas” que tenían ese destino. No obstante, las herramientas fueron defendidas por legisladores del PAN y el PRI, sobre todo en voz de la entonces legisladora Norma Angélica Castorena, actual líder de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), quien defendió abiertamente la necesidad de tener esta partida e incluso de que se incrementara por no ser suficiente. “Yo creo que es un elemento necesario, que es lo que se le da realmente a la gente; un diputado tiene que hacer mucha gestión social y mucha ayuda social”.

El fin (temporal) de las herramientas legislativas

El miércoles 7 de julio de 2018, meses después de esa discusión, fue aprobada en sesión ordinaria la reforma constitucional que eliminaba las herramientas legislativas y las sesiones privadas en la Legislatura local, tras conseguir el aval de las dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad.

El diputado Luis Medina Lizalde informó de este hecho a través de su cuenta de Twitter con el mensaje: “Con gran satisfacción les comparto que la reforma que elimina los gastos clientelares (“herramientas legislativas”) y las sesiones privadas, hoy obtuvo el aval de las dos terceras partes de los cabildos, sin un solo voto en contra”.

Una vez eliminados formalmente dichos recursos, los diputados de la siguiente Legislatura, la 63, tendrían que decidir cuál sería el destino que se les daría a ese dinero a partir y durante su ejercicio, situación que rondó desde que rindieron protesta, pues se advertía siempre sobre la pretensión de revivirlas, pero utilizando otros conceptos.

Así pues, pese a la eliminación de esta partida por la recién concluida Legislatura mediante reformas legales, este dinero, cercano a los 200 mil pesos mensuales para cada diputado, continuaba estando presupuestado en los recursos que la Legislatura del estado ejercería durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.

No obstante, algunos de los diputados que iniciaban sus funciones rechazaron que existiera la intención de recuperar este dinero para el destino de ayudas sociales. Uno de ellos, el legislador priísta, José María González Nava, quien fue reelecto sostuvo que no se asignaría para herramientas legislativas y agregó que debería ser el pleno de los diputados el que apruebe su reorientación y determine cuál será el destino que se le dé a este dinero.

Por su parte, Javier Calzada, diputado por Encuentro Social, apuntó en aquel entonces, que en las reuniones no se había tocado el tema de las herramientas legislativas, aunque seguramente lo habría, pero indicó que sería facultad del pleno dicha reasignación presupuestal. “Yo he sido muy claro, cuando fui candidato hice el compromiso de que no iba a recibir un solo mes herramientas legislativas, si eso significaba un ingreso adicional a mis ingresos como diputado. No hay manera de justificar una situación como esa”.

En ese punto coincidió también el diputado por Movimiento Ciudadano, Edgar Viramontes, quien precisó que la eliminación de este tipo de privilegios fue uno de sus compromisos durante el proceso electoral por lo que, en caso de que se someta a votación la posibilidad de retomar una partida con las características de las herramientas legislativas, su sufragio sería en contra.

Pasaron tres años de la 63 Legislatura y a pesar de que no se revivieron como tal, poco se sabe hacia dónde se reorientó el recurso y bajo qué concepto, aunque la polémica que ha sido destapada por el hoy legislador, Ernesto González Romo, llamada “la Estafa Legislativa”, en la que diputados triangulaban millones de pesos con empresas ‘fachada’ por supuestas “asesorías legislativas”, como se hiciera desde 2014, pudiera dar un indicativo, ya que por la creación de iniciativas con asesores externos, legisladores de todos los partidos pagaban 200 mil pesos mensuales, lo mismo que con las “herramientas legislativas”.

Sólo el pueblo puede salvar al pueblo: Medina Lizalde

Tras le reforma constitucional que ahora, finales de 2021, revive las herramientas legislativas, uno de sus principales detractores, el ex legislador José Luis Medina Lizalde, comentó en su columna “El recreo” que el cinismo con el que la totalidad de los grupos de la Legislatura local se unieron para revivir el mecanismo de corrupción, mediante el cual usan recursos públicos para hacer favores a cambio de votos cuando realmente se entregan, o para apropiarse del dinero, no es para desanimarse.

Si bien, este hecho da cuenta de que en Zacatecas la agenda contra la corrupción todavía no es asumida por la clase política tradicional, el zacatecano promedio tiene conciencia clara al respecto para deshacer “las redes de corrupción incrustadas en la institucionalidad”.

Y haciendo eco de esto, es que este jueves 16 de diciembre, minutos después de la conferencia de prensa del diputado Ernesto González Romo, en la que pidió a sus compañeros de Morena y partidos aliados, así como a los cabildos, que se revierta la reforma, fue lanzada una petición en la plataforma Change.org, dirigida a regidores y ciudadanos, para reunir firmas y cancelar la reforma constitucional que revive las herramientas legislativas, que han servido sólo para la corrupción.

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