Luego de que Ignacio Sánchez González, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), confirmara que tampoco pagará el aguinaldo 2023 a sus cinco mil 522 pensionados, Jorge Luis Rodríguez García, profesor jubilado y representante del Movimiento de Bases, mostró su inconformidad y dijo que dichas omisiones son “salirse del estado de derecho” pues refirió que una de las leyes establecidas en 2015 los respaldan, por lo que exigen el cumplimiento de estas prestaciones por parte de las autoridades estatales.
“Ningún jubilado, incluso, ningún cotizante activo, participaron en la elaboración de las leyes que rigen al instituto, pues se rige por la ley del 2015 que fue publicada con Miguel Alonso Reyes y en esa ley, que nosotros no hicimos, en el artículo 11 establece el derecho al pago de aguinaldo y de otras prestaciones para pensionados y jubilados” explicó Rodríguez García, quien además dijo que irresponsablemente, el director del Issstezac “nuevamente por indicaciones del gobernador y con toda perversidad, sale a anunciar que para el 2023 tampoco habrá aguinaldo. Y aquí la pregunta es, ¿pues que David Monreal no dice que se rige por los principios de la cuarta transformación?” expresó.
En ese sentido, afirmó que tanto el gobernador David Monreal Ávila e Ignacio Sánchez en ningún momento han mencionado algún principio o ley jurídica que respalde sus declaraciones, y que, en cambio, los jubilados tienen argumentos legales. Por lo que, “si no tuviéramos nosotros derecho a esta prestación, los jueces de la judicatura no estuvieran otorgando los amparos a nuestro favor”.
En cuanto a los amparos mencionados, dijo que se debe de seguir buscando ese apoyo legal, para exigir que se respete el estado de derecho y se cumpla con el pago, y recalcó que “si existen anomalías en las leyes, tanto el gobernador como el director no deben de desquitarse con los pensionados y jubilados, deben de ir con quien hizo esas leyes”.
Jorge Luis, expresó que “da tristeza ver a una persona que solamente sigue el guion que le han marcado donde perversamente quieren perjudicar a los jubilados”, esto, respecto a lo que, en días pasado, enfatizó el funcionario público, diciendo que quienes hoy exigen el pago, son jubilados que nunca aportaron para la prestación durante todo el tiempo en que fueron trabajadores en activo.
“Que no mienta, que no traten de venderle la sociedad las acciones que se hicieron con corruptelas por parte de funcionarios en su momento y que ahora quieren que los jubilados las paguen, a nosotros nos están violentando la constitución federal, la constitución estatal y la ley”.
Actualmente, siguen en la congeladora del Congreso del Estado de Zacatecas, dos iniciativas para reformar la ley del organismo de pensiones. En ese sentido, Jorge Luis, dijo que, según fuentes del Congreso del Estado, el gobierno y el Issstezac, no han dado una propuesta de ley, en cambio el movimiento de bases al que pertenece, a través de la ex diputada Alma Dávila se entregó un proyecto que lo tienen en la congeladora y que “ese proyecto no habla de privilegios, porque nosotros lo que queremos es rescatar al Issstezac, para eso lo hicimos”.
Finalmente, dirigiendo un mensaje al ejecutivo estatal y al funcionario público, los exhorto a que “dejen de mentir y que se centren en el estado de derecho, y que si ellos tienen razón que le informen a la sociedad el argumento jurídico, los artículos de las leyes en las cuales se basan para perseguirnos a nosotros. Sin embargo, no lo van a poder hacer, entonces que regresen al estado de derecho y que no le mientan más a la sociedad”.
Es importante recordar que, la negativa se mantiene a pesar de que el Instituto ha acumulado miles de órdenes judiciales que lo han obligado a pagar la prestación de los dos años anteriores a favor de quienes se ampararon en su contra; ahora se prevé una nueva ola de amparos por la omisión del 2023.
Sólo a mil 800 pensionados que representan el 32 por ciento del total, se les ha pagado el aguinaldo del 2021 por un monto de 81.4 millones de pesos, mientras que 209 han recibido lo correspondiente al 2022 que significa un pago de 10.6 millones de pesos.
