Hace un año, cuando aún no había comenzado este sexenio, me encontré a un político a quien yo imaginaba en primera fila del gabinete que estaba por entrar. Para mi sorpresa, él no compartía mi expectativa y sus augurios para Zacatecas en los próximos años eran bastante pesimistas.
Estos se basaban en que no había en aquel momento operación que le diera rumbo y posibilidades de victoria a la nueva ley del ISSSTEZAC que pretendía hacerse a finales de la legislatura pasada; un regalo político de valor inestimable de los que se iban para los que llegaban, porque los primeros parecían dispuestos a pagar con “su resto” el costo político considerable que conllevaba una modificación que muchos consideran urgente.
El regalo se dejó pasar de largo, la propuesta legislativa se estancó y se optó por persuadir de la gravedad financiera de la institución dejando sin pensión a los miles que ya la recibían de ese organismo, y sin salario a los servidores públicos que trabajan en él.
Como si eso no fuera suficiente, también se retuvo el salario de miles de docentes en activo.
Se creó con ello una bomba social que desafiaba cualquier manual político y se hacían estallar en tiempo récord la aprobación social, la legitimidad y la gobernabilidad que habían dejado los contundentes resultados electorales de apenas un par de meses atrás.
Quizá desde principios de los 90, cuando la hegemonía priista mantenía a sus opositores fuera de todo espacio de poder, no se veía un dominio tan generalizado de la misma fuerza política o cuando menos de la misma coalición electoral.
El titular del poder ejecutivo estatal llegó a éste habiendo compartido templetes con los alcaldes de los principales municipios; teniendo también claro dominio en el Congreso del Estado; dos de cuatro diputaciones federales de mayoría; un aliado natural en el Senado, y hasta con un presidente de la República del mismo lado.
Pronto todo eso fue extinguiéndose, o bien desmitificándose. La primera grieta se notó en el Congreso del Estado, en donde desde su primer día, la bancada oficialista perdía adeptos y no ha terminado de reducirse o marcar distancia con el gobierno del estado.
La espiral se agudiza día con día, y en el marco del apenas primer informe de gobierno, se habla ya de juicio político para la titular de una secretaría, y para colmo solicitado por uno de sus compañeros de partido y apoyado por varios legisladores que llegaron a su curul coaligados con el hoy gobernador.
Los tres grupos a quienes la vox populi identifican como patrocinadores para llegar al gobierno del estado parecieran estar en tal tensión que llegan a veces a guerra franca sin pudor alguno hasta en redes sociales.
No se avizora ningún cirujano haciendo operación cicatriz que acorte las diferencias, o siquiera una mano enfermera que ponga “un curita” para que al menos las disimule.
Por si este escenario no fuera suficientemente caótico, los descuidos, malentendidos, vacíos comunicativos o la falta de oficio político, han generado tensiones hasta con el presidente de la República, quien sin ningún recato, tuvo que enmendar la plana de lo que en términos locales se creó con la visita del embajador Ken Salazar y que se dejó crecer hasta explotar en la mañanera la semana pasada.
Probablemente no se ve peligro en esta ingobernabilidad porque el vacío es generalizado y del otro lado del río, en la oposición, no se ve nadie que pueda capitalizarla.
Pero este vacío trasciende lo político-electoral, y hace sentir que no habrá gobierno que límite la voracidad empresarial frecuentemente trasnacional en el uso de recursos naturales, por ejemplo. También la ven la delincuencia organizada, a quien no cuesta imaginar la capacidad de reacción y contención de un gobierno que no es capaz de controlarse a sí mismo ni ponerse de acuerdo en lo más elemental.
Nuestra historia política nos ha enseñado a temer al autoritarismo. Y la hemos conocido poco, pero quizá sea mucho peor la debilidad institucional.
