Ha comenzado en nuestro país la natural y deseable efervescencia política rumbo a la sucesión presidencial de 2024. En cualquier régimen democrático el fenómeno que estamos apreciando es una condición necesaria para llevar la democracia de la teoría a la práctica, de lo abstracto al proceso deliberativo que deberá convocar a la sociedad a los temas que le son de interés. Es esta etapa la que nos permite analizar, diagnosticar y promover el debate rumbo a la propuesta de gobierno, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como Legislativo, pues en un sistema presidencialista como es el nuestro, es en el proceso de renovación de dicho Poder, el punto de partida para el replanteamiento del modelo de desarrollo y políticas que habrán de lanzarse o redefinirse a nivel nacional. Muchas de éstas pasan por un proceso de reforma, lo que contempla también el involucramiento del Poder Legislativo.
Un tema que ha estado presente en todas las campañas políticas recientes, cuando menos desde la elección que dio como ganador a Miguel de la Madrid (1982) a la fecha ha sido el combate a la corrupción. A partir de este planteamiento político, han surgido sendas reformas, tanto a nivel constitucional como legal, y en no pocos casos, decisiones políticas, que pretenden atender, desde distintas perspectivas, dicha problemática, cuyo espacio en nuestra agenda parece asegurado para el proceso electoral en puerta.
Por lo anterior, es justamente que se ofrece una importante oportunidad para proceder al análisis de la última gran reforma en la materia que sucedió en el país. Hablamos de la reforma de 2015 que dio origen al sistema nacional anticorrupción y las posteriores leyes publicadas en julio de 2016. Aun con el tiempo transcurrido, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, una idea ambiciosa para enfrentar el fenómeno pernicioso que reconocemos como un problema de sistema, no ha terminado de nacer. Quedan pendientes procesos de articulación entre las instituciones que lo conforman y la expedición de mecanismos, instrumentos y políticas que hagan realidad la articulación, coordinación y comunicación de las instancias encargadas de la materia que ocupa al sistema. No solo se trata de un asunto de recursos destinados a dicha instancia, sino también, de una perspectiva disruptiva, en materia de diseño de políticas públicas, así como de difusión, para darle cauce a las tareas pendientes del sistema.
Es cierto que en el sexenio actual dichas políticas y la circunstancia misma se vio pausada, por decir lo menos. Sin embargo, ha llegado el momento de discutir con seriedad, en una posición autocrítica, qué podemos hacer para suplir, o en su caso incentivar u ocasionar, la voluntad política que, ausente, limitó los alcances esperados de este diseño interinstitucional, así como las reformas que debieran ya pensarse para mejorarlo, adecuarlo a la realidad y actualizarlo a los cambios que se han venido dando en los últimos años en materia política, tanto a nivel representación como a nivel de demanda social.
Entre otros temas que habrá que analizar, hay que entender que ya no nos encontramos ante una pluralidad a tercios en el país, y eso habrá que considerarlo para el diseño de los equilibrios que el sistema buscó replicar; también hay que considerar la importancia que tiene para el combate a la corrupción la incorporación de dos instituciones, hoy ausentes en su comité coordinador: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En el contexto de discutir el futuro, el Sistema Nacional Anticorrupción no debe quedarse fuera.
@CarlosETorres_
