En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado la expresión “dimensión social” para referirse a la característica de sensibilidad social, tanto para personas, como para instituciones, particularmente lo ha hecho con el empresario Carlos Slim, al referirse a México en su proyecto de crecimiento económico. Esta dimensión o sensibilidad sociales, es indispensable, sin duda, en el contexto de desigualdad que vive el mundo. Sin esta perspectiva, toda política carece de sustancia. Es innegable que la desigualdad se encuentra entre los más serios desafíos a los que se enfrenta la civilización y por supuesto la democracia, incluidas las instituciones. Por eso mismo, en el debate que hoy concentra la agenda pública respecto a la situación preocupante en la que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no está de más retornar a un argumento que haga eco de la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que caracteriza al momento político del país. Como también lo ha sugerido el presidente. Parte de la causa que explica dicha situación, se encuentra en la corrupción, un fenómeno que atrofia los esfuerzos del país por desarrollarse con equidad y que a su vez hace posible el régimen de privilegios que tanto lastiman la credibilidad de las personas en el Estado, así como la eficacia de éste. La transparencia, lo demuestran décadas de estudios, argumentos y experiencias, no sólo es una herramienta para combatir la corrupción, también lo es para exhibir, denunciar y perseguir los privilegios que constituyen actos de corrupción.
La opacidad no sólo suele ser caldo de cultivo para la corrupción y los privilegios surgidos de ésta, sino que limita el poder de la ciudadanía y con ello, lastima las capacidades de quienes menos tienen para reclamar y hacer valer sus derechos. Sobran los ejemplos en los que la transparencia, y particularmente, los órganos garantes, han acompañado y garantizado los derechos de acceso a la información de personas en condiciones de vulnerabilidad, para que, a través de este derecho llave, se abra la puerta a la garantía de otros, como lo son la seguridad social. También existen numerosos casos de éxito de figuras como las contralorías sociales, en las que las personas, a través de la información, impiden la tentación del poder, de desviar recursos en directa afectación de los beneficiarios de obras públicas o programas sociales.
La dimensión social, pues, del INAI y de la transparencia, puede constatarse, con tan solo googlear un poco. El régimen de derechos con dimensión social, a la que todo progresista aspira, no podrá ser sin instituciones que garanticen la llave que abre la puerta al empoderamiento de las personas, especialmente, las que menos tienen. Limitar al poder, cualquiera que éste sea, a través de los derechos, es sin duda condición indispensable para la justicia social.
@CarlosETorres_
