La historia es digna, literalmente, de un guión palomero sobre el agente 007. Como supuesta represalia a la difusión de una cinta de comedia barata, en la que se proyecta el asesinato ficticio de su líder supremo –el poco simpático Kim Jong Un-, un grupo de supuestos hackers norcoreanos realizó un rudo ataque informático a Sony Pictures en noviembre pasado. El abordaje de los piratas cibernéticos consiguió un codiciado botín: la difusión en la red de miles documentos confidenciales –y comprometedores- de la multinacional, entre ellos, uno que involucra al gobierno mexicano, una vez más, en un caso de corrupción.
De acuerdo con un artículo del sitio estadounidense Taxanalyst, que reprodujeron varios medios nacionales, Sony recibió 14 millones de dólares para modificar pasajes del guión de su nueva película sobre James Bond, que tiene por escenario nuestro país. Detrás del soborno, según relevan documentos filtrados, estarían oscuros representantes del gobierno mexicano -no se dan más detalles institucionales-, con un propósito concreto: evitar la filmación de algunas escenas que presentan a México como un país violento (¿?); particularmente una, en la que un ficticio jefe de Gobierno capitalino sería asesinado, como parte de la trama.
Si se confirma plenamente la historia, que de momento nadie ha desmentido, quedarían constatadas las similitudes entre las autoridades que rigen los destinos de Corea del Norte y México: ambas son capaces de hazañas dignas de “súper espías”, con tal de no ver morir en pantalla a sus líderes supremos. Sin embargo, lo que verdaderamente debe ser motivo de indignación, es que nuestro gobierno despilfarre recursos que requieren con urgencia rubros verdaderamente vitales para el país, como, por ejemplo, la educación superior.
Esos 14 millones de dólares, que equivalen a unos 215 millones de pesos, pudieron haber cubierto, por ejemplo, los 180 millones que requiere con apremio la Universidad Autónoma de Zacatecas para los pagos a la seguridad social. Sobrarían, incluso, 35 millones de pesos que bien pudieron haberse empleado para mejorar las condiciones de laboratorios, bibliotecas, comedores y casas de estudiantes.
Independientemente de que el problema inmediato de la UAZ se resuelva y se arríen temporalmente las banderas rojinegras, casos como el del supuesto soborno a Sony dan cuenta de la falta de perspectiva gubernamental que prevalece en el país. Si lo que se quiere es que se hablen bien de México, hay que dar material para ello. No basta con maquillar la depresiva realidad nacional, hay que transformarla de raíz. Y la educación es esencial: es la única vía para lograrlo.
Los datos actuales son demoledores. De acuerdo a la OCDE, México ocupa los últimos lugares en todos los indicadores que mide entre su treintena de Estados miembros para evaluar el nivel educativo. Mientras que en promedio en las naciones de la OCDE un 44% de la población de entre 25 y 65 años cuenta con formación universitaria, en nuestro país es apenas el 18%; de hecho, el nivel educativo promedio de México, entre los mayores de 15 años de edad, es de un lastimoso segundo de secundaria.
En Zacatecas, sexta entidad más pobre del país, el drama se agudiza. Sólo uno de cada 10 zacatecanos tiene formación universitaria, mientras que otros 7 no concluyeron ni siquiera la secundaria. Que no extrañe a nadie, entonces, que la entidad ocupe el sitio 25 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidades (PNUD), que mide entre otras cosas el nivel educativo, con cifras muy por debajo de la media nacional.
Frente a esta realidad, es vergonzoso el regateo crónico que padece la UAZ a su presupuesto por parte de gobierno federal y estatal, pero también la incapacidad de las propias autoridades de la institución por buscar y proponer soluciones definitivas, con el respaldo de la comunidad universitaria. Aunque las banderas de huelga están próximas a retirarse, la salida es apenas un paliativo para un escenario de tormenta: de prolongarse el derrumbe del precio del petróleo, es más que probable que las tijeras se ensañen nuevamente con instituciones como la UAZ; tan sólo este año Hacienda recortó ya 7 mil 800 millones a la Secretaría de Educación.
Es indispensable que la comunidad universitaria no baje la guardia, y por el contrario, además de proponer alternativas, exija el compromiso de los representantes legislativos, federales y locales; de ellos depende, finalmente, la discusión y aprobación del presupuesto. De entrada, podría plantearse que el propio Poder Legislativo local vaya analizando recortar su presupuesto para el próximo año y canalice esos recursos para la educación superior. En conjunto, la UAZ y las diez instituciones tecnológicas de educación superior reciben del presupuesto estatal aproximadamente 347 millones de pesos, mientras que los 30 diputados locales se auto-asignaron casi 390 millones para este 2015.
No es cuestión de salvar a la UAZ, es cuestión de generar condiciones para que sea la UAZ quien salve a Zacatecas. En esta historia, ella, como institución académica, es la única heroína con las armas necesarias para aniquilar a los súper-villanos de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Quitémosle los grilletes y dejémosla volar. ■
@VeremundoC
