En una conferencia de prensa, el secretario General Rodrigo Reyes Mugüerza, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Educación, Finanzas y Gobierno, explicó que el apoyo económico solicitado por la Sección 34 del SNTE no forma parte del contrato colectivo y se está pidiendo más dinero. Ante esto, la maestra Martha E. Rodríguez refutó acusaciones erróneas, aclarando que el sindicato no manejó recursos públicos y que el presupuesto destinado a las becas no fue ejercido por falta de voluntad para dispersarlo.
Reyes Mugüerza aclaró que el apoyo económico que se había solicitado no formaba parte del contrato colectivo de los trabajadores, sino que era un apoyo extraordinario contemplado dentro del presupuesto 2024, que permitía un monto de hasta 10 millones de pesos para apoyar la vida sindical. Sin embargo, aclaró que este recurso no constituye un derecho laboral colectivo y, por lo tanto, no violenta ningún derecho de los maestros.
En cuanto al pliego petitorio presentado por la Sección 34, Reyes Mugüerza explicó que la demanda central era la entrega de un apoyo económico extraordinario. Subrayó que el gobierno estatal había estado dispuesto a trabajar en su ejecución, pero debido a fallos administrativos y a que los expedientes enviados por el sindicato no fueron completos ni corregidos a tiempo, no se pudo procesar el recurso dentro de los plazos establecidos.
También abordó el tema de la disponibilidad financiera y dejó claro que, aunque en el presupuesto de 2024 existía un transitorio que permitía la asignación de estos recursos, el gobierno estaba imposibilitado a procesarlo debido a la falta de cumplimiento de los trámites administrativos.
Reiteró que, en relación con la disponibilidad financiera de 3.5 millones de pesos mencionada por la subsecretaria, el sindicato decidió destinar 2.5 millones para los bonos de los maestros de educación física debido a la falta de documentación regularizada, mientras que el millón restante no fue utilizado porque no se presentaron los trámites necesarios.
La secretaria de Educación, Gabriela Pinedo, explicó que, por indicación del gobernador David Monreal Ávila, su prioridad al asumir el cargo fue atender todas las expresiones del sector educativo. Aseguró que la Sección 34 fue de las primeras en recibir atención en una mesa de trabajo el 7 de febrero, donde se discutieron sus planteamientos, incluidos los relacionados con el presupuesto de 2024. Pinedo Morales aclaró que no era posible procesar solicitudes de 2024, ya que no existía una partida específica para becas en ese presupuesto, solo un transitorio que permitía gestionar otros recursos.
Mencionó que, aunque hubo voluntad de la Secretaría de Educación, la solicitud no pudo ser procesada debido a errores administrativos y a que la Sección 34 no corrigió los documentos requeridos a tiempo. Recalcó que se sigue trabajando en otras gestiones administrativas y que las mesas de trabajo continúan para abordar futuras solicitudes, como las del presupuesto 2025.
Adriana Vargas Tagle, subsecretaria de Administración explicó que la Secretaría de Educación recibió más de dos mil 700 expedientes relacionados con el tema en cuestión, enviados por los dirigentes de la Sección 34. Aclaró que, aunque existía un recurso etiquetado en el presupuesto bajo un transitorio, su asignación dependía de la disponibilidad presupuestaria, lo que significaba que no estaba garantizado. Mencionó que la coordinación jurídica de la Secretaría hizo varias observaciones a los expedientes, las cuales no fueron corregidas por la Sección 34 a tiempo, lo que impidió que se pudiera continuar con el proceso.
La dirigencia optó por redirigir el recurso a otro rubro, en lugar de destinarlo a becas, y se asignó para bonos a maestros de educación física. Vargas Tagle reiteró que el recurso no contaba con una partida específica en el presupuesto y que su asignación dependía de la suficiencia presupuestaria del gobierno.
El subsecretario académico de la Secretaría de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, explicó que el 12 de febrero, tras la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Finanzas, la Sección 34 presentó un pliego petitorio con ocho puntos, de los cuales cinco fueron atendidos el 13 de febrero en una mesa de diálogo.
Dijo que, se avanzó en temas como la garantía de la libre manifestación, la revisión de derechos laborales y la resolución de problemas en escuelas, además de acordar la revisión de protocolos de convivencia escolar etc. Los temas económicos, como las becas y bonos para maestros, se pospusieron para la próxima semana, ya que aún no se reciben las reglas de operación necesarias.
Emma Lisset López Murillo, directora de Gestión Financiera del Sector Educativo explicó que, respecto a los apoyos del 2024, el ejercicio financiero ya estaba cerrado, lo que imposibilitaba el uso de recursos para los maestros, una situación que se había comunicado en reuniones previas. En cuanto al 2025, señaló que, aunque existe una partida presupuestaria para apoyar a los maestros, esta está sujeta a la disponibilidad financiera.
También detalló que el proceso para el pago de la nómina educativa no depende de un solo departamento, sino de la colaboración entre la Secretaría de Educación, Finanzas y otras áreas, además de contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto al pago de los maestros estatales, indicó que el gobierno del estado ha subsidiado cerca de 500 millones de pesos en lo que va del año, ya que no se ha recibido el recurso federal para este fin.
Finalmente, Reyes explicó que, para el año 2025, se están considerando cambios en las políticas para que los miembros de la administración pública puedan acceder a becas estatales. Aclaró que la solicitud de la Sección 34 no busca quitar derechos, sino que se refiere a un apoyo extraordinario presupuestado para 2024, aclarando que no se gastó el millón de pesos en cuestión, ya que debe ser integrado a los fondos correspondientes.
La maestra Martha E. Rodríguez Camarillo respondió a recientes declaraciones erróneas, aclarando que en varias regiones fue la estructura sindical, incluyendo secretarios generales y representantes de centros de trabajo, quienes apoyaron en la recopilación de información y la integración de los expedientes para las becas, siguiendo el proceso habitual en todas las convocatorias.
Sobre el presupuesto de egresos 2024, explicó que se etiquetaron 10 millones de pesos para diversas prestaciones, incluidas las becas para los hijos de los trabajadores de la educación de la Sección 34. Rodríguez Camarillo enfatizó que la Organización Sindical no maneja recursos públicos, por lo que ningún miembro del Comité Ejecutivo Seccional (CES) se apropió del presupuesto destinado a las becas. El recurso fue transferido de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Educación, pero debido a la falta de voluntad para dispersarlo, no fue ejercido y terminó regresando a las arcas del estado.
Finalmente, rechazó las acusaciones y lamentó que se intente culpar a la organización sindical para justificar la falta de seriedad y compromiso de los funcionarios responsables.
