Tlacoapa, Gro. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) demandó la cancelación de 50 concesiones que se otorgaron a empresas mineras, de Canadá e Inglaterra principalmente, y se manifestó a favor de fortalecer las asambleas y defender el territorio comunitario ante el embate de la delincuencia organizada, durante la conmemoración de su 28 aniversario.
Ayer, alrededor de 2 mil policías comunitarios marcharon en Totomixtlahuaca; participaron las casas de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres; Espino, municipio de Malinaltepec, y San Juan Escalerilla, de Zapotitlán Tablas.
La celebración se inició el sábado en la cancha del poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero. Se instalaron cuatro mesas de trabajo con el tema «Discusión y análisis de las problemáticas que enfrenta la CRAC-PC».
También se analizaron los siguientes puntos: Reflexiones y propuestas del nuevo reglamento, Reconocimiento constitucional y legal de la CRAC-PC, Derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y Problemas y desafíos de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Este domingo, al finalizar la marcha, se instaló la asamblea, en la cual se dieron a conocer los resolutivos de las mesas, entre los que destacan la defensa de la tierra y el territorio comunitario, elaborar estatutos comunales o ejidales de la CRAC-PC para prohibir las actividades mineras y que los ayuntamientos se comprometan a no otorgar cambios de usos de suelo y a evitar la venta de terrenos.
La CRAC-PC fue fundada el 15 de octubre de 1995 por el cura Mario Hernández Campos, entre otros propósitos, para paliar las violaciones, asaltos y otros crímenes en las regiones de la Costa y la Montaña.
En la asamblea también se determinó promover una reforma constitucional que declare a los pueblos indígenas dueños ancestrales de sus tierras; además, se acordó impulsar la participación política de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado y en órganos judiciales y electorales, así como la libre determinación y la autogestión.
Un resolutivo más fue buscar que el Congreso apruebe el reconocimiento del autogobierno, que los pueblos decidan cómo quieren ser gobernados y que tengan acceso directo a recursos de los gobiernos estatales y federal.
Respecto a la impartición de justicia en el sistema comunitario, se planteó prevenir y erradicar la venta de niñas y evitar los matrimonios forzados, que persisten de manera clandestina.
Además, se criticó el machismo en las comunidades y se llamó a las autoridades comunitarias a promover y respetar la participación de las mujeres; en cuanto al aborto, se propuso estipular en el reglamento de la coordinadora la posibilidad de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, así como combatir el feminicidio.
Al clausurar el acto, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico de la organización, pidió que «los pueblos se sacudan el miedo para luchar y exigir que sean sujetos de derechos»; asimismo, demandó elevar a rango constitucional el sistema de seguridad y justicia de la CRAC.
Exigen que se reconozcan propiedades ancestrales
En entrevista, Rosales Sierra señaló: «Aquí en la Montaña hay una fuerte oposición a las mineras. Los comisarios y comisariados están muy bien organizados para evitar su presencia y han sido expulsadas».
Sin embargo, «la preocupación es que las concesiones persistan y que no se reconozca la propiedad ancestral de las tierras; eso debe garantizarse en las constituciones local y federal, para que los pueblos ya no vivan con la amenaza de que las empresas mineras lleguen y se apropien de sus tierras».
Esa es una demanda central «al gobierno federal para que reconozca la propiedad ancestral de la tierra que los pueblos indígenas tienen y que se revoquen las concesiones mineras, que son más de 50».
Recordó que en 2011 «llegaron estas compañías para hacer exploración, pero las comunidades se organizaron y las expulsaron; desde entonces han levantado actas de rechazo y se han registrado en el Registro Agrario para proteger el territorio, pero resulta insuficiente».
Destacó que le preocupan «la criminalización, la persecución y la falta de reconocimiento de la jurisdicción indígena, concretamente contra las tareas de seguridad, justicia y reducación que la CRAC-PC realiza».
Por ejemplo, «los jueces de distrito, en los amparos que se han interpuesto en contra de la CRAC, terminan en acciones penales contra la organización. No reconocen la jurisdicción indígena, concretamente la institución, el sistema de seguridad de la CRAC».
De la misma forma, ha habido incursiones de las fuerzas federales y estatales, «como ocurrió en el municipio de Xalpatláhuac, donde allanaron las oficinas del tlayacanqui, que es la autoridad tradicional; ahí tomaron el pueblo y causaron destrozos. Finalmente la gente se organizó y los sacó».
