El cierre de las áreas comerciales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) es precipitado y se prestará a movimientos poco transparentes para que políticos y funcionarios de gobierno adquieran dichos bienes mediante prestanombres, afirmó Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases.
“Una venta indiscriminada de los bienes inmuebles solamente se presta a ese tipo de especulaciones, en el sentido de que nunca hay certeza de a quiénes se les venden bajo la práctica de los políticos de que suelen usar prestanombres para adquirirlos”, expresó.
Aunado a ello, consideró que esta decisión se tomó de manera precipitada, ya que se ha anunciado el cierre de las áreas empresariales con visos de venta, pero ni siquiera hay la certeza jurídica de todos los bienes.
Si la intención es cerrarlos y después venderlos, precisó que la mitad de los bienes no tienen certeza jurídica, y si la pretensión es cerrarlos para deshacerse de la nómina, dijo que eso afectará al instituto porque el cierre de los espacios provocará su deterioro, y posteriormente, requerirá un gasto mayor para su rehabilitación.
Si la intención es
cerrarlos y después
venderlos, la mitad
de los bienes no
tienen certeza jurídica
Por lo tanto, Dávila Rangel dijo que “esta noticia de la Junta Directiva nos deja con muchas dudas y con mucha inconformidad porque no es claro el panorama hacia dónde va encaminada esta política de cierre de las empresas, más allá de que sea benéfico por la reducción de la nómina”.
Desde su perspectiva, va a ser imposible que la venta de esos bienes sea transparente porque en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP) “nunca han hecho su trabajo”, lo que hace posible que esta medida obedezca a negocios personales de los políticos.
Además, aseguró que algunas de las cifras, respecto a las pérdidas del Issstezac con estas pareas empresariales son falsas, ya que las salas de velación y algunas farmacias han sido exitosas, según la auditoría realizada en 2020, por lo que no se explica que también se vayan a cerrar.
Dávila Rangel comentó que, en efecto, en muchas de esas áreas comerciales hay muchos trabajadores y su nómina es muy alta, lo que representa pérdidas importantes, pero algunos de esos espacios sí generan ganancias, específicamente los ya mencionados.
No obstante, opinó que la decisión fue precipitada porque no se analizó ni se valoró con profundidad la posibilidad de concesionar, rentar u optimizar el funcionamiento de las áreas comerciales.
Por otra parte, los jubilados del instituto dieron a conocer que, hasta 2023, se tienen contados 19 mil 555 derechohabientes activos y 5 mil 262 pensionados y el total de ingresos esperados, para este 15 de junio, es de 86 millones 282 mil 475.41 pesos, mientras que los egresos, en el concepto de nómina, son de 91 millones 481 mil 930.14 pesos, lo cual deja un déficit de 5 millones 199 mil 454. 73 pesos, es decir, se cubre sólo el 94 por ciento.
