En las próximas elecciones se elegirá a un total de 386 personas juzgadoras de distrito a nivel federal, entre mil 564 candidatas y candidatos registrados. Quienes resulten electos tendrán la responsabilidad de resolver los conflictos derivados de actos de autoridad y de garantizar que éstos se ajusten a la Constitución y a las leyes del país.
En el ámbito federal, los jueces de distrito conocen y resuelven casos en diversas materias, como la civil, laboral, penal y administrativa, con el objetivo de proteger los derechos de las personas. La boleta correspondiente a esta elección será de color amarillo.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los juzgados de distrito en México están integrados por una jueza o juez y el personal necesario, como secretarios, actuarios, oficiales judiciales y empleados, según lo determine el presupuesto.
Cuando en una misma localidad existen varios juzgados sin competencia especializada, se establecen oficinas de correspondencia común encargadas de recibir, registrar y turnar las promociones conforme a las disposiciones del Consejo de la Judicatura Federal.
En materia penal, los jueces de distrito conocen de delitos del orden federal previstos en leyes y tratados internacionales, así como aquellos en los que la Federación es parte afectada o están involucrados servidores públicos federales.
También conocen de procedimientos de extradición, autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas o localizar personas en tiempo real, así como de delitos del fuero común que sean atraídos por el Ministerio Público de la Federación.
En cuanto al juicio de amparo en materia penal, estos juzgados conocen de demandas contra resoluciones judiciales, actos que afecten la libertad personal o impliquen penas prohibidas por la Constitución, así como de impugnaciones contra leyes penales o incumplimientos de declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En materia administrativa, los jueces de distrito resuelven controversias derivadas de la aplicación de leyes federales y actos de autoridades administrativas.
También conocen juicios de amparo promovidos contra leyes administrativas o actos de autoridad no judicial, y denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad en esta materia.
En el ámbito civil, los juzgados atienden disputas sobre la aplicación de leyes federales o tratados internacionales, juicios que involucren bienes de propiedad nacional, funcionarios diplomáticos o en los que participe la Federación. También resuelven acciones colectivas, juicios ordinarios civiles y procedimientos relacionados con el derecho de réplica.
En materia mercantil, los jueces de distrito conocen de controversias cuando la parte actora decide no acudir a tribunales locales. También atienden juicios concursales, casos donde la Federación es parte, conflictos entre entidades federativas y el reconocimiento o nulidad de laudos arbitrales nacionales o internacionales.
En cuanto al amparo en materia civil, estos jueces conocen de amparos contra resoluciones del orden civil, leyes y normas civiles de observancia general, así como denuncias por incumplimiento a declaratorias generales de inconstitucionalidad.
En materia laboral, los juzgados de distrito conocen de amparos relacionados con controversias laborales, contra leyes del trabajo o actos de autoridades distintas a las judiciales, así como conflictos laborales previstos en el artículo 123 constitucional. También resuelven casos derivados de actos ejecutados por tribunales laborales durante o después del juicio.
Finalmente, los jueces de distrito están facultados para denunciar contradicciones de criterios ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como ante los plenos regionales. Además, conocen de incidentes de cumplimiento sustituto, conforme a lo previsto en la Ley de Amparo.
Entre las personas candidatas a juezas y jueces de distrito se encuentran perfiles postulados por los distintos Poderes de la Unión. En funciones actualmente, Araceli Geraldina Aguirre Díaz, Laura Elizabeth Miranda Torres y Juan José Hernández Leyva buscan continuar en el cargo.
Por parte del Poder Judicial fueron postuladas María Estela España García, Luisa Amanda Rivero Espinosa, Nayeli Tello Álvarez, Juan Gómez Lemus y Pedro López Juárez. Del Poder Ejecutivo provienen Gabriela Delgadillo Arriaga, Jazmín Guerrero Pérez, Irlanda Gabriela Pacheco Torres y Ángel Olvera Villafán.
En tanto, el Poder Legislativo postuló a Adriana Leticia Hernández Alvarado, Claudia Myriam Miranda Sánchez, Nataly Pérez Hernández, y Edgar Iván Carranco Zuñiga.
Algunas candidaturas fueron impulsadas por más de un poder: Karen Anaid Bonilla Islas fue postulada tanto por el Poder Judicial como por el Legislativo; Josué Lujano Adalla por el Ejecutivo y el Legislativo; y Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat por el Judicial y el Legislativo.
