Ríspida fue la audiencia de inicio de procedimiento de rescisión del, hasta este momento, trabajador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Alejandro Rivera Nieto, la cual culminó con señalamientos por parte del mismo, de haberse realizado de manera unilateral y arbitraria por parte del presidente de la Junta y, a la par, su jefe inmediato, Carlos Almaraz, por haberse corrido sin que se sustentara en documentos originales y certificados.
Esta objeción no tuvo respuesta en la audiencia, de manera que Almaraz prosiguió «exhibiéndolas» y finalmente dio por concluida la audiencia, «porque tengo facultad para hacerlo».
El trabajador alegó reiteradamente también se precisara en qué carácter actuaba el personaje, pues, expresó, «es juez y parte».
Estas situaciones generaron que integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) señalaran, al finalizarse el acto, la manera en que se procedió como evidencia del «gobierno fascistoide».
Efraín Arteaga Domínguez, señalado como testigo por el trabajador, expuso el procedimiento como atentatorio contra el principio legal universal al debido proceso.
Alejandro Rivera Nieto insistió en que el proceso de rescisión laboral que se le sigue es una represalia por revelar la retención indebida del ISR de los trabajadores de Gobierno estatal, misma que denunciara, pero también por su intención de fundar una organización sindical distinta al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop).
En este procedimiento, incluso, solicitó se retirara de la audiencia el representante de este sindicato, pues, dijo, no representa la defensa de los derechos de los trabajadores y, por tanto, los suyos.
