■ Propuso la realización de varios debates para socializar las propuestas de cada aspirante
■ El campo, educación, corrupción y empleo, algunas de los temas en su agenda, señaló
En un escenario de descrédito de los partidos políticos y del servicio público en todos niveles, el candidato común del PRD y el PT a diputado federal en el Distrito 2, Antonio Mejía Haro, aseguró que, a pocos días de haber arrancado su campaña, “estoy viendo a la gente como que sí tiene intención de ir a castigar a los malos gobiernos”.
Sostuvo, por tanto, que sí espera una buena participación en los comicios del próximo 7 de junio y estimó que esta podría superar inclusive 40 por ciento, lo cual consideró como una buena cifra teniendo en cuenta que en Zacatecas no van a ser elecciones para renovar ayuntamientos, gubernatura o Presidencia de la República.
Precisamente el “hartazgo” y la inconformidad que se palpan entre los ciudadanos, son los elementos por los que se tiene que acudir a las urnas dentro de dos meses, comentó.
Sobre el interés de los zacatecanos en los candidatos y sus plataformas, Mejía Haro señaló que propuso la realización de debates para que se puedan socializar las propuestas de cada aspirante a integrar el Congreso de la Unión. De esta forma, añadió, el voto que se emita en junio será “en forma razonada”.
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En cuanto a estos encuentros públicos, precisó que tiene que ser el Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia que lo organice, “con el apoyo de instituciones de educación superior y amplia participación ciudadana, es decir, que en una tómbola se coloquen preguntas y el candidato en turno va metiendo la mano a ver qué pregunta le tocó”.
Mejía Haro hizo un recorrido por sus propuestas de campaña. Una de ellas aseguró que derivada del sentir de los zacatecanos y es la necesidad de crear más fuentes de empleo. Para ello, por ejemplo, destacó la necesidad de “reactivar” algunos los sectores productivos como el campo, a través de “políticas más nacionalistas”.
En el ámbito educativo hizo referencia a la problemática de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y expuso que este conflicto radica en que se mantiene el mismo subsidio de hace 15 años, pese a que la infraestructura de la UAZ, el número de estudiantes y de docentes se ha incrementado considerablemente. Por ello, concluyó que parte de la solución pasa por reconocer a los profesores que ahora no están reconocidos por Hacienda ni por la Secretaría de Educación Pública.
Aparte de sus propuestas, el candidato del Distrito de Jerez abordó dos de los temas que actualmente están tratándose al interior del Congreso de la Unión.
Respecto a uno de ellos, el que tiene que ver con la nueva Ley de Aguas, señaló que no está de acuerdo con esta reforma que se pretende aprobar después de las elecciones de junio pues es inaceptable “que se entregue la administración del agua a las empresas privadas porque las empresas hacen negocios y el agua es un derecho humano”.
Asimismo habló de la conformación, actualmente en marcha, del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese tenor, refirió que en esta normativa deberá incluirse la creación de “órganos autónomos, no dependientes del gobierno”, en los que se incluyan desde el propio Poder Legislativo hasta la sociedad civil instituciones de educación superior.
En la misma línea del combate a la corrupción, Mejía Haro fue cuestionado sobre la iniciativa de organismos como Transparencia Mexicana que están exigiendo a los aspirantes a algún puesto de elección popular la publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos.
El candidato común del PRD y el PT se comprometió a hacerlas públicas “durante la campaña”, pues no dio una fecha concreta; además de que precisó que su difusión será escalonada y no en paquete, es decir, “las vamos a ir dosificando para tener impacto”.
Ante esta pregunta sostuvo, también, que “aquí el asunto radica también un poquito en el asunto de la inseguridad, no es tan sencillo hacer este tipo de declaraciones, pero las vamos a hacer”.
Aparte, como propuesta propia, expuso que también se someterá a un examen toxicológico y que analizará si hay algún mecanismo para que los candidatos puedan realizar también una prueba de confianza o “al menos la del polígrafo”.
