Decenas de miles de personas protestaron ayer en Israel contra la pretensión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el sistema jurídico para debilitar al Poder Judicial con medidas como permitir que el Parlamento anule sentencias de la Corte Suprema y controle el nombramiento de los jueces.
Las medidas que el político fascista intenta aprobar a sólo unos días de haber comenzado su sexto mandato (es quien ha encabezado el Ejecutivo israelí más veces y por más tiempo) se leen como una venganza por las múltiples investigaciones abiertas en su contra por su notoria corrupción, y debido a las cuales enfrenta acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos. Al mismo tiempo, constituye una descarada maniobra para garantizarse impunidad a sí mismo y a su gobierno integrado por criminales: su ministro de Salud y Asuntos Interiores, Aryeh Deri, fue condenado por fraude fiscal; mientras el titular de Seguridad Nacional, encargado de la policía en Israel y en la Cisjordania ocupada, Itamar Ben-Gvir, fue condenado por incitar a la violencia contra los árabes. La ley establecía que una persona condenada no puede estar el frente de ningún ministerio, pero tras su triunfo electoral la coalición de ultraderecha que llevó al poder a Netanyahu cambió las normas para nominar a los cargos públicos a estos siniestros personajes.
La oposición advierte que la reforma pone en jaque la división de poderes y la democracia israelí, pero de lo que no cabe duda es de que se trata de una cuestión de vida o muerte para 5 millones y medio de personas: los palestinos que habitan en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, cautivos en su propia tierra por la política colonial de Israel. Hasta ahora, la Corte Suprema ha jugado un papel importante, aunque insuficiente, en contener a los sectores más abiertamente fascistas de la población y la clase política, quienes pugnan por la ocupación total de los territorios palestinos y defienden sin tapujos la política de apartheid y la limpieza étnica. Con el asalto de Netanyahu, podría materializarse la visión de su partido, el Likud, y de las formaciones incluso más extremas que lo acompañan de imponer el derecho exclusivo e inalienable del pueblo judío en todas las partes de la tierra de Israel mediante la expansión de los asentamientos ilegales en suelo palestino.
Es imposible exagerar el talante racista, antiárabe y militarista del más radical de los gobiernos de ultraderecha de la historia de Israel, así como la absoluta indiferencia de sus integrantes ante las vidas palestinas, hoy amenazadas directamente, tanto por las fuerzas armadas regulares como por las organizaciones sionistas y los colonos que perpetran ataques contra las familias árabes a sabiendas de que cuentan con la complicidad de todo el aparato del Estado. Sin importar el futuro de la reforma judicial empujada por Netanyahu, la comunidad internacional debe hacer a un lado una actitud hacia Tel Aviv, que va desde la colaboración delictiva de Washington a todos los matices de la simulación, y unirse para poner freno a los crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo palestino.
