En estos días se han vertido diversos puntos de vista (muchos de ellos desacertados) respecto a la Iniciativa de Reforma Electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; algunos actores políticos y grupos de interés han llegado al extremo infundado de señalar que ésta implica un atentado contra el sistema democrático federal.
Por eso, considero pertinente arrojar luz sobre algunos puntos. En primer lugar, la iniciativa es un ejercicio que posibilita al artículo 135 de la Constitución Mexicana, con relación a la necesidad de perfeccionar, mejorar y ajustar las disposiciones constitucionales y legales derivadas de la misma, acorde con las necesidades e intereses del pueblo.
En segundo lugar, la Democracia es, en sí misma, un término inacabado, perfectible, mejorable, cuya carga semántica descansa en la voluntad popular, a fin de que las decisiones de los gobiernos se constriñan a velar por sus intereses. De ahí que la iniciativa no sea una agresión al sistema democrático y al estado federal; tal concepción solo tiene cabida en quienes buscan confundir a la opinión pública y crear una inestabilidad que no existe.
En tercer lugar, la reforma consiste en la ejecución de la posibilidad que le otorga el artículo 71 constitucional, en su fracción I, al Presidente de la República, misma que deberá apegarse a todas las etapas y procedimientos que determina el artículo 135, esto es, debe ser discutida, aceptada y modificada, con objeto de modernizar el sistema electoral mexicano.
Veamos ahora algunos puntos fundamentales de la iniciativa, uno de los cuales tiene que ver con la conformación y mejoramiento de las instituciones responsables de la regulación del sistema electoral federal, así como de los estados.
Esto también incluye mejoras en la manera en que son elegidos quienes encabezan dichas instituciones, así como los mecanismos y fórmulas mediante las cuales se elige a las autoridades de los tres órdenes de gobierno por medio del voto ciudadano; además de lo concerniente al financiamiento de los partidos políticos y las propias instituciones electorales.
Como siempre ocurre con una reforma de tales magnitudes, existen opiniones a favor y en contra, pero precisamente así es como funcionan los países democráticos, es decir, hay diferentes puntos de vista y opiniones; sin embargo, lo que no es válido es que se pretenda denostar (sin mayor argumento que una postura inflexible) una iniciativa basada en un ejercicio constitucional, democrático y ético.
La iniciativa de Reforma Electoral implica buenas aportaciones a los sistemas democrático y electoral; además, evaluada en su conjunto, también contribuye al sistema político y de partidos. Nada tiene que ver con desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE); al contrario, se fortalece al cambiarlo a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), esto también implica que cuente solamente con siete consejeros en lugar de los once actuales, mismos que durarían en su cargo seis y no nueve años.
Asimismo, los consejeros no serían designados por el Poder Legislativo federal, al igual que los Magistrados del Tribunal Electoral, sino que estos serían elegidos mediante elección popular: de la manera en que funciona toda democracia. Igualmente, los tres Poderes propondrían las listas y se reduciría el financiamiento a los partidos, quitándolo del gasto ordinario para financiarlos únicamente durante las elecciones.
La existencia del INEC y la desaparición de los Institutos Electorales y Tribunales Electorales de los estados contribuiría mejorar el gasto y el control democrático de las elecciones, disminuyendo el número de regidores, diputados federales y locales, así como senadores, terminando así con la enorme carga presupuestal que generan.
Lo anterior implica modificar las fórmulas con base en la población y el número de representados para que la de mayoría sea sustituida por una nueva, pero de representación proporcional. Esto permitiría que igual porcentaje de votos se traduzca en igual representación proporcional, es decir, que cada partido esté representado de acuerdo con su votación y no con base en una fórmula que los distingue, aunque hayan obtenido la misma cantidad de votos.
Existen posibilidades viables para reglamentar esta Reforma, de tal manera que estén claros los requisitos y perfiles de las y los candidatos, a fin de que se garantice la integración de personas aptas para los cargos que requiere nuestro país; tampoco se eliminarían los plurinominales, sino la fórmula de mayoría relativa, lo cual es absolutamente aceptable en cualquier democracia moderna.
Como integrante y militante activo del partido Movimiento de Regeneración Nacional, estoy a favor de la iniciativa presentada por el Presidente AMLO porque tengo la certeza de que es absolutamente procedente y que contribuirá a transformar y mejorar la vida democrática del país, y no a su obstaculización, como insisten en hacernos creer sus detractores.
