Ciudad de México. Ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que México enfrenta una crisis humanitaria por la desaparición de personas. Se trata de “la herencia más dolorosa” que enfrenta el actual gobierno derivado de la guerra sucia y «de la mal llamada guerra contra el narcotráfico”.
Durante la ceremonia de bienvenida a los funcionarios de Naciones Unidas, Encinas destacó que aun cuando en 2017 se aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en realidad era un esquema que se mantenía inoperante: “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”.
A nombre del comité, la jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa Quintana, reconoció que la visita a México tiene un carácter histórico, no sólo porque el país se ha abierto al escrutinio del Comité, sino por tratarse de la primera que esa instancia realiza a nivel internacional a once años de su creación.
“Acogemos con mucha satisfacción la disposición del Estado mexicano para recibir esta visita solicitada desde 2013. Es una muestra de voluntad del Estado mexicano para abrirse al escrutinio internacional».
Informó que se trata de un equipo dispuesto a colaborar de manera constructiva para reunirse no sólo con autoridades del Estado mexicano de los tres niveles de gobierno, para impulsar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a la prevención de este fenómeno y a reducir la impunidad.
Para ello habrá encuentros especialmente con los familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos e instituciones de defensa de los derechos humanos, a lo largo de la visita que se extenderá del 15 al 26 de noviembre y abarcará 12 estados.
Adelantó que al término del recorrido, se ofrecerá una conferencia de prensa breve, pero el informe de la situación en México se rendirá en el próximo periodo de sesiones del Comité entre marzo y abril. «Nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, organizaciones de víctimas e instituciones de derechos humanos, nos permitirán identificar y crear formas dedicadas a prevenir la desaparición forzada”.
En su intervención, Encinas reconoció que hasta antes de 2018, el Estado mexicano abdicó de sus responsabilidades en materia de desaparición y dejó la búsqueda de personas desaparecidas a los familiares.
Agregó que el fenómeno tuvo una dimensión muy particular durante el periodo de la llamada guerra sucia. Posteriormente, durante la etapa de «la mal llamada guerra contra el narcotráfico», que se inició en 2006, emergió la desaparición entre particulares, derivada de la corrupción de las corporaciones policiacas vinculadas al crimen organizado.
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo el subsecretario, se determinó un viraje para afrontar la crisis humanitaria. En primera instancia, con la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la Guerra Sucia que hubo en México entre 1965 y 1990.
Encinas detalló que a partir del nuevo gobierno se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que ha derivado en que desde entonces se hayan realizado dos mil 300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas; se ha establecido el protocolo homologado de búsqueda y un protocolo adicional para niños y adolescentes; se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se han canalizado más de mil 200 millones de pesos para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de búsqueda.
Adicionalmente, se instaló la semana pasadas la Mesa para migrantes desaparecidos; se crearon centros regionales para la identificación humana en Coahuila y San Luis Potosí; se ha dotado de laboratorios forenses móviles en Sonora; hay un avance importante en registros de fosas clandestinas que ha permitido cuerpos recuperados y se concluyó con la instalación de las 32 comisiones estatales de búsqueda.
