■ Se garantizaría con ello el respeto a derechos sociales como educación, salud y seguridad, dijo
■ De ser seleccionado, sería un presidente de la CDHEZ valiente y con conocimiento del tema
Rafael Rodríguez Rodríguez aseveró que en caso de ser seleccionado como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), no será un ombudsman “a modo”, sino uno valiente y con conocimiento del tema que pueda ponerle un alto a los abusos de autoridad. El candidato sostiene que el presidente del organismo debe ser un verdadero defensor de oficio y por tanto, intervenir donde presuma que hay una violación a los DDHH y aun prevenirla. En ese sentido cree que debe participar en las decisiones respecto de la distribución del gasto público, pues de ello depende que entren otros, los derechos sociales como la educación, la salud y la seguridad, se garanticen.
Es algo “sumamente importante” que el ombudsman participe conjuntamente con Gobierno del Estado y la Legislatura “para decirles dónde se requiere el gasto público para hacer efectivos los derechos humanos”, refirió.
Rodríguez Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Docencia e Investigación Jurídica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En España donde permaneció por cuatro años, obtuvo el doctorado en Derechos Humanos, dijo.
Al interior de la Máxima Casa de Estudios en el estado ha sido elegido durante los últimos 12 años, como presidente de la Defensoría Universitaria, cargo al que pidió licencia para contender por la titularidad de la CDHEZ. Ha fungido como Director de Cultura y desde hace 15 años enseña Derechos Humanos en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
El académico consideró, no sólo para el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sino para todos los organismos de su tipo en el país, incluido el nacional, que hasta el momento sólo han servido “para recibir quejas”, por lo que el cumplimiento de los DDHH sigue siendo una asignatura pendiente.
Atribuye la autolimitación en el ejercicio del encargo a la falta de libertad y autonomía de los presidentes de los organismos, por lo que agregó que “un ombudsman que no es independiente, no lo es”.
Cuando no se tiene independencia no se puede actuar, “se está maniatado”, pues se responde a compromisos previamente establecidos, comentó.
Dijo es necesario por ello, que el titular de la Comisión sea apartidista, pues lo que ha ocurrido hasta el momento es una simulación del ejercicio de la función, también respecto de que el puesto ha recaído en su mayoría, en médicos y no en abogados. “Eso es algo extraordinario”, dijo.
Instó asimismo a observar no sólo el número de las recomendaciones emitidas por el organismo sino “sobre quien recaen: en el policía, en el –agente de- Tránsito, en el que no puede defenderse, eso es simular”, reiteró.
En el país no faltan leyes sino una cultura de la legalidad que debe atender al bloque constitucional y al principio de convencionalidad, esto es, a la jerarquía máxima de las normas constitucionales y los tratados internacionales firmados por México, que “imperan y permean por encima de la norma inferior”, expuso.
En este sentido hay omisiones no solo en la armonización de la norma interna con la norma internacional, o la local respecto de la general, sino además existe la dificultad de que los funcionarios, entre ellos los jueces, “jamás se van a atrever a ejercer el control difuso”.
En tanto que los propios funcionarios públicos exhiben una falta de cultura de la legalidad y de independencia para ejercerla, hace falta enseñarla para que cambien de conducta, “pero cómo podemos pedírselo cuando no saben siquiera lo que son los derechos humanos”, observó.
Refirió entonces que el principio fundamental de los mismos no es la vida o la libertad de las personas sino su dignidad, una cualidad inherente al ser humano por el solo hecho de serlo.
“Yo creo que la columna vertebral de mi eje de actuación sería sin duda, no solamente la defensa la promoción, la divulgación, el estudio de los derechos humanos, sino hacerlos efectivos; es garantizarlos”. Ése es gran reto, dijo.
En Zacatecas los derechos sociales son los más vulnerados, el derecho a la salud, a la cultura, la seguridad o la educación, este último del que observó sólo para el caso de los aspirantes a estudiar en la UAZ, son privados el 70 por ciento de los mismos, pero se presentan asimismo la tortura, las desaparición forzada y las detenciones ilegales, que expresan una violación “de los derechos humanos todos los días, y lo más grave, por la autoridad”.
Un hecho sobre el que observó ocurre, ya que “ni siquiera hemos podido defender los derechos primarios, básicos, las libertades clásicas: el derecho a la vida, a asociarse, a reunirse…”.
Reiteró entonces que de ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tema que en breve habrá de definir de entre 13 aspirantes, la Legislatura del estado, su tarea fundamental será “garantizar los derechos humanos, influir con los organismos públicos para hacer entender a la autoridad que debe tener una cultura de la legalidad”, que se traduzca en la concordancia de sus actos con lo que prescribe la norma constitucional. Algo que proporcionaría a la gente “la posibilidad de desarrollar de manera integral su persona”.
