Desvanecimiento paulatino de este derecho se presentó con la reforma laboral
México, el país peor pagado en términos laborales de los que integran la OCDE
Peña Nieto avaló la existencia de la contratación outsourcing, que es un instrumento usado por la mayoría de los empresarios para evadir el cumplimiento de las utilidades
Además del anclaje de los salarios mínimos generales y profesionales durante décadas, que han convertido a México en el país más mal pagado en términos laborales de los que se encuentran dentro de la OCDE, otro elemento agente de la desigualdad en México, ha sido, primero la reducción del porcentaje del pago de utilidades y luego el desvanecimiento paulatino de este derecho al que ha colaborado la reforma laboral calderopeñista que validó la modalidad outsourcing.
Quedó pendiente otra reforma en la materia que pretendía este 2018 profundizar el desmantelamiento de los derechos laborales de los mexicanos, pero el cálculo político en el preámbulo de la elección Presidencial de este año evitó que se votara ya en la Cámara Alta.
No obstante el panorama adverso para los trabajadores, recordó Rosalío Hernández Beltrán, politólogo, fundador y actual presidente del Centro de Asesoría Jurídica y Sindical “Valentín Campa” A.C., todavía la legislación mexicana mandata que todos los empresarios de este país tienen como fecha límite para entregar la declaración fiscal el 31 de marzo, y tras otorgárseles una prórroga este año para ello, están obligados por ley “a entregar a todos los trabajadores esta documentación a más tardar el próximo 30 de mayo para que la analicen e investiguen si están acordes”.
En la mayoría de los centros de trabajo en el país ocurren dos fenómenos, dirigentes sindicales que por una dádiva de la patronal omiten bajar esta información a la base trabajadora, o trabajadores que reciben una cantidad mínima por concepto de pago de utilidades y que ni siquiera tienen oportunidad de analizar la documentación fiscal que debe sustentarla.
A más tardar el 30 de mayo, reiteró el asesor laboral, “todos los trabajadores deberán tener claridad sobre las declaraciones fiscales de la empresa para la que trabajan correspondiente al año 2017”.
En reciente entrevista con el especialista en la materia mencionó al primero de los derechos “lastimados” en el caso de los trabajadores mexicanos, el de participar en el reparto de utilidades de las empresas.
Recordó que desde el nacimiento del artículo 123 este quedó establecido en la Constitución de 1917 para luego reforzarse durante el gobierno de Adolfo López Mateos con la creación de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
El organismo se reunía cada 10 años para fijar el porcentaje que habría de corresponderles a los trabajadores por este concepto, mismo que se paga luego de que los empresarios presentan su declaración fiscal anual ante la SHCP.
El recuento de cómo ha ido desvaneciéndose este “derecho” refiere que en 1962 esta cifra era de 20 por ciento, que en la reforma de 1972 quedó fijado en apenas el 8 por ciento, y durante el gobierno de José López Portillo en la revisión de 1982, subió dos puntos porcentuales para ubicarse en el 10 por ciento de las utilidades totales de las empresas a repartir entre los trabajadores, que persiste hasta el momento.
Pero desde entonces, dijo Hernández Beltrán, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas “se ha reunido en lo oscurito, no ha habido deliberaciones”.
Aunque sigue siendo vigente que debe reunirse cada 10 años, “a la fecha ya ni siquiera se habla de cuándo lo hará”.
Mientras tanto la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que propuso Felipe Calderón Hinojosa casi al final de su mandato pero que concretó su sucesor, Enrique Peña Nieto, avaló la existencia de la contratación outsourcing, que es un instrumento que utilizan la mayoría de los empresarios en México como otra forma de evadir el cumplimiento de este derecho constitucional de los trabajadores.
“Ese es un retroceso histórico importantísimo, pues además del derecho al salario constitucional –también violentado desde hace décadas en el país- la Revolución dijo que los trabajadores tenían derecho a participar de las utilidades de las empresas. Estos gobiernos neoliberales a partir de Miguel de la Madrid a la fecha han lastimado mucho ese derecho”.
Hay un proceso de despojo desde 1982 ejercido con las tres agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ventaja, que constituye la política de Estado de los gobiernos neoliberales ante el que se entendía en la Constitución de 1917 como el sector más desprotegido en la triada Estado-Patronal-Trabajador, y que por tanto velaba por la vigilancia del cumplimiento de sus derechos entendiendo que en la medida de la capacidad económica de las empresas deberían mejorar sus condiciones de vida.
El tránsito de la tutela estatal en la protección de los derechos de los trabajadores a la protección de los intereses de los patrones “ha traído como consecuencia una desigualdad social como nunca había existido”.
Padrotes de trabajadores
La modalidad outsourcing implica que los dueños de las empresas no contratan a los trabajadores de manera directa sino que éstas les venden “el producto”, la mano de obra del trabajador, y obtienen por ello la ganancia.
En el texto constitucional vigente el trabajo humano no es una mercancía, pero la modalidad outsourcing sí lo propone así, hay un intermediario que vende la fuerza humana a los empresarios “como si vendieran naranjas”. Ya no es el trabajador directamente quien ofrece su fuerza de trabajo en el mercado laboral.
Es un intermediario quien detenta la relación obrero-patronal y “sólo recibe el dinero del capital principal para que no se mueran de hambre los trabajadores”, pero cuando éstos quieren exigir el reparto de utilidades no pueden hacerlo a la fuente de trabajo originaria.
Muchas veces las empresas outsourcing no son más que “un cuartito con una escoba y unas computadoras y alguien que hace la limpieza. Esa es la maquinación perversa del gran capital para evadir el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Y tenemos que cambiarla”, puntualizó.
Los albazos legislativos
En el último momento del mandato de Felipe Calderón, cuya esposa Margarita Zavala es en este momento una de las contendientes por la Presidencia de México, envió la iniciativa que incorporaba esta figura legal, pero quien la avaló recuerda Hernández Beltrán, fue Enrique Peña Nieto.
“Los dos son corresponsables, él –Calderón Hinojosa- tenía derecho cuando comenzó el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados de presentar lo que le llaman iniciativas de urgente y pronta resolución, pero no lo logró. Esta iniciativa con otras se convirtieron en el famoso Pacto por México, así que quien la “planchó” fue el actual Presidente y quienes la aprobaron, hay que decirlo, fueron fundamentalmente los diputados del PAN y del PRI porque además hacían mayoría”.
Este 2018 a escasos meses de la conclusión del mandato de Peña Nieto se pretendía repetir la fórmula, la Cámara de Diputados ya había aprobado otra reforma laboral, pero fue congelada al momento de pasar a la Cámara de Senadores.
En la anterior reforma la modalidad de contratación outsourcing estaba acotada sólo a actividades que no fueran las preponderantes en una empresa, la más reciente intentona quería que se permitiera en todas las áreas, por lo que también es inconstitucional, dijo.
“Afortunadamente no pasó; esperemos que haya un cambio importante ahora en este proceso electoral para que las próximas legislaturas por supuesto, no solamente no permiten que esta última reforma cobre vida sino que las anteriores se reviertan”
Sobre su congelamiento en la Cámara Alta reiteró, tuvo detrás el que se dieron cuenta que “era una aberración y que su candidato a la Presidencia de la República no estaba bien, por lo que impulsarla habría implicado “echarle más leña al fuego”.
