Una de las razones del triunfo de Adrés Manuel López Obrador (AMLO) en la elección presidencial de 2018, y de que haya mantenido altos niveles de aprobación no obstante la campaña permanente de críticas fundadas e infundadas y aún de insultos contra él, es el énfasis que sigue otorgando a la lucha contra la corrupción, vicio que llegó a niveles alarmantes durante los gobiernos neoliberales (1982-2018): 91% de los mexicanos y 82% de las empresas consideran que es un hecho frecuente. Los costos para la economía se estiman entre 5% y 10% de la riqueza nacional. Este vicio no solo ha representado un robo al patrimonio de los mexicanos, sino que influyó de manera importante en el establecimiento de un régimen incapaz de atender las demandas y problemas de los ciudadanos, que propicia y perpetúa la desigualdad social, permite mayores índices de violencia así como el crecimiento del crimen organizado, y reduce el potencial de crecimiento de la economía, sobre todo, en perjuicio de quienes menos tienen.
El efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico y el desarrollo social es evidente. Los países con menores niveles de corrupción son también los que han alcanzado un mayor desarrollo. Lo mismo ocurre con los países más corruptos, que son también los menos desarrollados. Como resultado, la ciudadanía expresó con el voto a favor de AMLO su decepción con esos gobiernos y sus partidos, y mantiene sus reservas sobre los partidos políticos y demás componentes de la democracia. Diversas investigaciones han mostrado que en los últimos años, tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo, la confianza en la democracia se ha reducido sustancialmente. En México solo 16% de la población está muy o algo satisfecha con la forma en la que funciona la democracia. Los ciudadanos, en general, consideran que sus gobiernos no los representan y que su voto no tiene peso en las decisiones que se toman desde el poder. Ese diferencial de poder que desilusiona a los ciudadanos también representa la génesis de la corrupción. Y cambiar esa percepción es el mayor reto de AMLO y de la propia 4ª T.
Los servidores públicos en los altos niveles de la administración y los dirigentes y candidatos de Morena deben tener siempre presente que la corrupción es el resultado de la conjunción de tres vicios difíciles de erradicar: Abuso de poder, impunidad y la escasez de participación ciudadana, y que la corrupción estructural es el resultado del abuso de poder y más impunidad conduce a menos participación ciudadana. La corrupción es esencialmente un asunto de dominación política, impunidad y exclusión social, que debe erradicarse para preservar la democracia y permitir un desarrollo económico sustentable y equitativo. Pero la solución de fondo a la corrupción no vendrá de medidas técnicas que corrijan las fallas del mercado a través de nuevas reglas e instituciones, sino de soluciones políticas que cambien la disposición de las relaciones entre Estado y sociedad. Por ello es fundamental separar la mezcla tóxica entre intereses públicos y privados que se ha desarrollado en una escala cada vez más funesta durante las últimas décadas del neoliberalismo, en la que se llegó a extremos de captura del Estado por intereses privados que siempre excluyeron el interés público.
El gobierno de la 4ª T tiene que interiorizar una nueva ética pública, en la que se reconozca que el bienestar social es la máxima prioridad del Estado, y donde el servicio público se caracterice por la vocación de servir más que por los privilegios de ejercer un encargo público. Por ello se tienen que exigir los principios éticos más altos para quien se desempeñe en el gobierno de México en sus tres esferas y tres podereso y, más aún, a quienes aspiren a lograr el voto en las próximas elecciones. Deben estar comprometidos en mantener una separación clara entre los intereses públicos y los privados, y privilegiar en todo momento el interés general sobre los particulares, y en trabajar para que la ciudadanización del combate a la corrupción, la profesionalización y la meritocracia en el servicio público, la transparencia y la democratización de las tecnologías, se traduzcan en límites al abuso del poder; para que la protección a alertadores fomente la denuncia como un instrumento para combatir la impunidad; para que la participación de los ciudadanos permita desterrar, entre todos, la corrupción estructural. ■
