Este 14 de diciembre de 2023 se cumple un año del asesinato del joven activista José Francisco Zapata Alvarado, quien perdiera la vida luego de un ataque armado mientras cambiada una chapa de su domicilio ubicado en una colonia de la capital zacatecana y hasta el momento continúa sin haber justicia para sus familiares, amigos y colectivos con los que colaboró y que, incluso, denunciaron desde hace meses irregularidades en la investigación.
Cuando se supo del asesinato el día 15 de diciembre, de manera inmediata amigos y militantes de la izquierda zacatecana manifestaron su indignación en redes sociales y condenaron el homicidio de quien calificaron como “entrañable activista de izquierda”, quien murió al lado de otro joven y amigo, Raúl Sánchez Saucedo, la noche del miércoles 14 de diciembre en la colonia La Marianita, en el centro de Zacatecas.
De manera inmediata, colectivos y organizaciones llamaron a la población en general a sumarse a una marcha para condenar los hechos delictivos que se habían suscitado en el estado. La movilización se programó para el 19 de diciembre a las 14 horas partiendo de la de la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para llegar a la Plaza de Armas, donde se realizará una manifestación.
Antes, como acto simbólico, el contingente que se reunió acudió a la casa donde Zapata Alvarado perdió la vida y rebautizaron la calle, antes Venustiano Carranza, con la del nombre de este joven de apellido y corazón revolucionario. “Zapata vive”, resonó en la calle que tomada por una multitud ante la mirada subrepticia de los vecinos. La manifestación ahí fue un acto en su honor, pero también un grito de desesperación ante el imparable juvenicidio que aqueja al estado y la ciudad.
Desde ese día, tanto el padre de Francisco Zapata como madre de Raúl “Rulas”, como le conocían, además de exigir justicia, denunciaron irregularidades en todo el proceso, pues luego del asesinato, Evelyn Saucedo, madre de Raúl, dijo que las autoridades no la dejaron entrar a su domicilio y sustrajeron de su casa documentos personales y memorias con su trabajo como abogada, con información de expedientes de sus clientes. Luego del reporte, denunció también, las autoridades se tardaron una hora en llegar y ellos murieron desangrados.
Hasta el día de esta marcha las autoridades encargadas de la seguridad y la impartición de justicia no habían informado nada con respecto a este doble homicidio y las puertas del Palacio de Gobierno y la Secretaría General de Gobierno permanecieron cerradas durante la marcha.
Tres meses después, en marzo de 2023, mediante un comunicado, la red Servicio, Paz y Justicia- México (Serpaj) denunció que ni familiares ni amigos habían recibido algún avance en la investigación y la única verdad que se poseía es que el homicidio del joven zacatecano fue dirigido y no ocurrió durante un fuego cruzado, como señalaron algunos medios.
Durante estos meses, expusieron, se han emprendido movilizaciones y acciones de protesta en Zacatecas y la Ciudad de México con la intención de exigir justicia y acceso a la verdad para los familiares y víctimas indirectas, no obstante, se denunció, estas exigencias de justicia no han sido escuchadas en la Casa de Representación del Gobierno Zacatecas en la Ciudad de México y no se han dado el tiempo de recibir los diversos comunicados que se han elaborado, pues los trabajadores de dicha representación han abandonado las instalaciones momentos antes de la llegada de los activistas que siempre se han dado en ambiente pacífico y sin acciones que pudieran catalogarse como violentas.
“Familiares y compañeros no han recibido ningún avance en la investigación hasta el momento. La única verdad que se posee, es que el homicidio del compañero Francisco Zapata fue dirigido y no ocurrió como lo comunicaron diversos medios durante fuego cruzado. El asesinato de este valioso ejemplar compañero se enmarca en el contexto de violencia y crímenes que se extienden a lo largo del país y en Zacatecas”, escribieron.
En ese sentido, se señaló en el comunicado que la exigencia de justicia y verdad se vuelve necesaria, no sólo para las víctimas indirectas de este casino, sino que debe extenderse también a miles de familiares, amigos y compañeros de personas asesinadas y desaparecidas en el actual contexto de inseguridad. “Estaremos muy atentos a que haya avances precisos y reales cuanto antes en este caso”, advirtieron. Ha pasado un año de ese 14 de diciembre y la justicia sigue sin llegar.
