Desde hace cinco años, sobre todo juezas y jueces de control zacatecanos, han sido víctimas de amenazas que atentan contra sus vidas, por lo que constantemente se han cambiado de adscripción, así lo informó Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), quien, además, dio a conocer que, en lo que va de 2023, han sido dos los casos de alto riesgo, “que algunos de ellos tienen asuntos muy delicados, llevan el proceso a personas de alta peligrosidad de grupos delincuenciales”.
“Si la amenaza la recibiste en Pinos, te mando a Río Grande; si la amenaza la recibiste en Miguel Auza, te mando a Juchipila, es lo que podemos hacer, cambiarlos de adscripción. En una ocasión, tuvimos que darle una licencia de tres meses a un juez y lo mandamos fuera del estado, porque ya las amenazas sobre él eran más fuertes, incluso habían destruido su vehículo que estaba estacionado afuera de la casa de justicia. Y sin duda, el caso más terrible y más dramático, es el asesinato del juez hace un año, del juez Roberto Elías, justamente por diversas resoluciones que había emitido, negando el traslado de un reo del distrito de Río Grande hacia Cieneguillas”, explicó Nahle.
En ese sentido, dijo que los 112 jueces y juezas “no traen chalecos antibalas, vehículos blindados y están muy expuestos”, ya que algunos de ellos llevan casos de alto riesgo, con delincuentes peligrosos y, “por si fuera poco, con salarios realmente insuficientes, muy mal pagados. Yo espero que, en el presupuesto de 2024, se tome en consideración esta situación para que podamos proporcionarles un mejor ingreso, más digno, pero también, pues, en algunos casos las medidas de protección que se requieren”.
Asimismo, explicó que, en varias ocasiones, han tenido que solicitar resguardo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de pedir que la Policía Procesal esté presente en todas las audiencias que se llevan a cabo en Cieneguillas; “a veces sí tenemos esa presencia, a veces no”.
Agregó que, en este 2023, han sido dos los casos de alta gravedad, donde se ha cambiado de adscripción a un juez de Nochistlán, así como a uno de Jalpa a otro municipio.
