Proteger a la niñez no es un acto de buena voluntad; es una responsabilidad ineludible del Estado y de la sociedad. Como legislador, pero también como padre, no puedo permanecer indiferente ante la tragedia silenciosa del abuso sexual infantil que, lamentablemente, persiste y se extiende en nuestro país con cifras que nos deben indignar y, sobre todo, movernos a la acción.
México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil entre los países de la OCDE. Según datos del documento Ambiente Escolar Protegido, publicado por organizaciones internacionales, 5 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres en México declaran haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia. Más grave aún: 8 de cada 10 víctimas conocen a su agresor, lo que revela que este delito no ocurre en la oscuridad del anonimato, sino en entornos cercanos, incluso dentro del hogar o en instituciones que deberían ser espacios seguros como escuelas, centros deportivos o de atención médica.
Tan solo en 2023, 9,802 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años fueron atendidos por violencia sexual en hospitales públicos. Esta cifra representa un incremento de más del 1,100% respecto al año 2010.
Y si sumamos a ello que el 92.3% de las víctimas fueron niñas, se confirma que el abuso sexual infantil tiene también una dimensión de violencia estructural de género que exige una respuesta firme y transformadora.
Por todo lo anterior, he presentado una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de cerrar las puertas legales y administrativas a los agresores sexuales. Esta reforma parte de tres ejes fundamentales:
1. Prisión preventiva oficiosa para imputados de abuso sexual infantil
Planteo que toda persona imputada por el delito de abuso sexual en contra de menores de edad no pueda enfrentar su proceso penal en libertad. La reforma al artículo 261 del Código Penal Federal contempla que se imponga prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se trata de un delito que atenta gravemente contra la integridad, la dignidad y el interés superior de la niñez, conforme al artículo 19 constitucional.
No se trata de criminalizar antes de tiempo, sino de garantizar que el proceso judicial se lleve con responsabilidad, sin poner en riesgo a más menores y sin permitir que el presunto agresor tenga oportunidad de intimidar, revictimizar o evadir la justicia.
2. Verificación obligatoria de antecedentes penales para quienes trabajen con menores
El segundo eje consiste en adicionar el artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que todas las instituciones —públicas o privadas— y cualquier persona física o moral que preste servicios con contacto habitual con menores, esté obligada a verificar que su personal no tenga antecedentes penales por delitos sexuales o afines: abuso sexual, corrupción de menores, trata, pornografía infantil, entre otros.
Esta verificación deberá hacerse previo a la contratación y de manera periódica, como una acción preventiva que permita detectar y bloquear riesgos antes de que se materialicen. Además, la constancia de no antecedentes penales será gratuita para estos fines y deberá ser expedida por las autoridades competentes.
3. Denegar la libertad condicional para sentenciados por abuso sexual infantil.
Finalmente, proponemos que las personas sentenciadas por el delito de abuso sexual contra menores no puedan purgar su condena en libertad condicional. Este tipo de crímenes, por la magnitud del daño físico, psicológico y emocional que causan, deben cumplirse íntegramente en prisión. La sociedad espera justicia firme y medidas ejemplares que disuadir a los agresores. La libertad anticipada no puede ser una opción cuando de por medio está la integridad de nuestra infancia.
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No estamos legislando desde la sospecha, sino desde la prevención y la protección. En una sociedad marcada por profundas desigualdades, garantizar entornos seguros para nuestras niñas y niños es uno de los pilares que no podemos negociar.
Esta reforma se encuentra plenamente alineada con los tratados internacionales firmados por México, especialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que nos obliga a adoptar todas las medidas legislativas necesarias para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, abuso y explotación sexual.
Las medidas que proponemos no deben verse como extremas, sino como necesarias y proporcionales al daño causado. Estamos priorizando el interés superior de la niñez y cumpliendo con nuestro deber constitucional y ético.
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Legislar por la niñez es legislar por el futuro. Si queremos un México más justo, más seguro y más digno, debemos empezar por proteger a quienes aún no pueden defenderse por sí solos. Esta iniciativa no es solo una propuesta legal; es un llamado a la conciencia, a la acción y a la corresponsabilidad.
Para Ulises Mejía,,que no se cansan los pinches politiqueros de proponer ocurrencias ( En tres ejes, que es lo de moda) tienen idea de cuántos años llevan legislando leyes carísimas al vapor, que se violan impunemente principalmente por el propio poder económico y político…eso es OLIGARQUIA, PINCHES SIMULADORES ,A LAS COSAS Y A LAS HIENAS,,,,POR SU NOMBRE
, PINCHE RECTOR COBARDE, UNIVERSIUAZ DE 💩