El contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) fue intervenido sin la anuencia de la Asamblea General, por el I.Q. Crescenciano Sánchez Pérez, y el Dr. Antonio Guzmán Fernández, en algún momento durante 2017. Duró así hasta 2018. Hoy día, el documento que consigna esa ignominia es el CCT 2017-2018. Al parecer, la nueva administración sindical suscribe la interpretación del Dr. Guzmán y el I. Q. Sánchez, acerca de las bondades de aquellas modificaciones. Entre éstas cabe destacar una muy interesante. De acuerdo con la nueva lectura revisionista, que la cláusula 41-IX dijese: “En caso de defunción del trabajador académico en activo, la Universidad otorgará a la persona o personas que el trabajador académico hubiere señalado…un seguro por la defunción por la suma asegurada de 250,000…” es mucho mejor que la afirmación: “En caso de defunción, la Universidad entregará a la persona o personas que el trabajador académico hubiere señalado…el importe de un mes de salario por cada año de antigüedad, en un plazo no mayor de 30 días hábiles”. Por supuesto, la nueva redacción beneficia a quienes mueran durante el primer año de trabajo en la universidad, sin embargo, incluso un asociado A por tiempo determinado con 40 horas/semana/ mes, con 15 años de antigüedad, obtendría un poco más de 250,000. ¿Y qué decir de un doctor en ciencias que gana 35,000 mensuales y tiene 10 años de antigüedad? En la redacción “beneficiosa” obtienen sus deudos 250,000 mientras que en la “lesiva” apenas 350,000. Quien ahorra con ese cambio es la universidad. Y podría no estar mal si se utilizan ciertos principios para convencer a las personas acerca de la viabilidad de una modificación al CCT que permita mayores recursos a una institución en deuda permanente. Sin embargo, convencer a la gente de perder sus beneficios para mantener la fuente de empleo podría resultar en convulsiones inesperadas. Le pasa a Emanuelle Macron, en Francia, que en abril de 2023 decidió modificar el sistema de pensiones francés para darle viabilidad financiera. Elevó la edad de jubilación de 62 a 64 y el tiempo de cotización de 42 a 43. Para comparar: en el décimo transitorio, vigente hasta 2007, los trabajadores académicos de la UAZ se jubilan con 30 años cotizados y 60 de edad. Ni que decir, durante los “años dorados” de alegría rebelde, los universitarios se jubilaban con 25 años de servicio sin restricción de edad. Y aquí surge un elemento esencial de reflexión: los universitarios no convulsionaron la universidad cuando se elevó, en 2004, el periodo de cotización de 25 a 30 años. Cabe recordar que el acuerdo se tomó en sesión de coordinadora de delegados, instancia que no tiene facultades para modificar el contrato y, peor aún, con mayoría de votos, cuando en esa instancia las resoluciones son por mayoría calificada de 2/3. Tampoco hubo ninguna movilización debido a las aviesas modificaciones al CCT debidas a la imaginación de Sánchez Pérez y Guzmán Fernández. Hoy incluso se les vindica. Pero sí hubo mucho movimiento por el levantamiento de huelga de 2022, por parte del Ing. Martínez Pardo. Y eso que no se modificó el contrato. ¿A qué se debió esto? La propaganda embrutecedora, que copia, pero no crea, quiere impulsar la imagen de una base de universitarios organizada y despierta que exige sus derechos. Antes no la había, al parecer nunca existió sino hasta 2022. Aquí se puede utilizar un concepto un tanto vago, cuando se aplica a cuestiones sociales, pero que Immanuel Wallerstein aplica con soltura y ausencia de rigor. Tal concepto es del de “caos”. En un libro de 2021 (“Noise”, Little Brown) Daniel Kahneman, O. Sibony y C. R. Suntein, utilizan esa idea para explicar errores en el razonamiento humano. Y en la situación descrita en el SPAUAZ es también lo que se quiere mostrar: suponer un despertar de la conciencia universitaria para explicar la insurrección de los agremiados contra Martínez Pardo es una visión equivocada. Tal error surge del “sesgo”. De entrada, a partir de los ejemplos aducidos, y de muchos otros, resulta claro que nunca hubo una insurrección contra secretarios generales por violaciones reiteradas a los estatutos. Es decir, dada una condición similar, que consiste en violentar la normatividad interna del SPAUAZ, se llegaba a un resultado parecido: no pasaba nada. Esto indica estabilidad del sistema social configurado en el SPAUAZ. Pero en el caso de Martínez Pardo, que consistió en una violación menor comparada con las realizadas por Burnes Ortiz, Romo Moreno, Sánchez Pérez y varios más, sí hubo un resultado diferente. Se formó un “Grupo Plural”, caracterizado por la violencia y la mendacidad, cuyo fin era defenestrar al secretario general, y de paso mantener una campaña permanente de propaganda a su favor. Este resultado indica la presencia de “ruido” en la terminología de Kahneman-Sibony-Sunstein o de “caos” en la que aquí se prefiere. En varios de los casos explicados en “Noise” con introducir una serie de normas se reducía el resultado caótico, que tiene su origen en la anomia. Dado el estado del SPAUAZ, donde la normatividad es magra e inoperante, no deberá ser una sorpresa que la nueva administración produzca conflictos permanentes. A menos que de verdad legisle y no se diluya en demagogia.
