Durante la cuarta reunión sostenida entre colectivas feministas, acompañantes de víctimas y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, realizada ayer en el vestíbulo del Congreso del Estado, los temas recurrentes fueron las expresiones de simulación institucional del Gobierno del Estado, el hostigamiento hacia el activismo social y la instrumentalización de los medios de comunicación para proyectar una imagen de cumplimiento que no se corresponde con la realidad denunciada por las propias víctimas.
Un foco de inconformidad fue la pretensión de atribuir mediáticamente a la Secretaría de las Mujeres (Semujer) el éxito del operativo durante la marcha del 8M de 2025, cuando en realidad fue asumido por colectivas feministas con recursos y protocolos propios, construidos desde hace años.
Las participantes también señalaron que Semujer ha jugado un papel central en la simulación institucional que denuncian. Como instancia técnica del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sepasev) y del Sistema para la Igualdad, ha permitido la desarticulación de espacios de participación que en el pasado producían resultados.
Verónica Aguilar Vázquez expuso el ejemplo de maestras de comunidades desplazadas que, con la esperanza de recibir al menos un acuerdo de atención, viajaron desde sus municipios por cuenta propia y en lugar de ser atendidas en la sesión de Sepasev fueron excluidas sin ser escuchadas, bajo el argumento de que su asunto no estaba en el orden del día.
Las personas integrantes de colectivos de búsqueda denunciaron que muchas de las búsquedas realizadas en campo junto con autoridades no quedan asentadas formalmente: no se levantan actas, no hay registro fotográfico oficial, ni seguimiento.
Se señalaron casos donde se encontraron restos humanos y, al no documentarse institucionalmente, esa información quedó únicamente en manos de las familias. En algunos expedientes, según relataron, ni siquiera figura que hubo búsqueda.
También se acusó a la Fiscalía y a la Comisión Local de Búsqueda de negar sistemáticamente información básica sobre los casos, como resultados de peritajes, ubicación de restos o cruces genéticos.
Una madre señaló que se enteró por otra familia de que habían localizado restos en un predio donde ella había pedido buscar, pero nunca fue notificada por las autoridades.
Un caso mencionado fue el de un hombre originario de Jalisco, quien acudió a Zacatecas a denunciar la desaparición de su hija de 28 años. Al regresar a su estado y preguntar por los avances, la respuesta fue que “no se activó la cédula porque usted no la pidió”.
En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), las participantes la señalaron por reproducir el discurso oficial del Gobierno estatal sin ejercer su autonomía. Se denunció la participación de familiares del gobernador en actos organizados por la propia Comisión, como la presentación de libros, lo que es leído como una muestra más de alineación política y uso simbólico del organismo para legitimar al Ejecutivo.
Finalmente, se abordó el contexto de violencia política que atraviesa la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) en su actual proceso electoral. Las asistentes advirtieron que la contienda por la rectoría se desarrolla en un clima de hostigamiento, desinformación y ataques directos contra liderazgos feministas.
El caso de Jenny González Arenas fue mencionado como ejemplo de cómo se utiliza el aparato institucional y mediático para intentar descarrilar una candidatura con base en campañas de desprestigio y procesos reactivados en momentos estratégicos.
Se alertó que estos patrones reproducen la violencia estructural contra las mujeres en espacios de poder y forman parte de un intento más amplio por reconfigurar la universidad sin voces críticas.
