Mara Irommy Muñoz Galván, candidata a jueza de distrito en materia penal, enlistada con el número 04 en la boleta amarilla, tiene tras de sí una trayectoria de un cuarto de siglo en la defensa de los derechos humanos y la convicción de que, como persona juzgadora, una de sus principales misiones será frenar las violencias institucionales que ha identificado a lo largo de su carrera como abogada penalista y funcionaria pública.
Fue precisamente esa convicción la que la llevó en 2016 a renunciar al cargo de directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas, luego de denunciar el encubrimiento de un agente ministerial acusado de violación contra una trabajadora de maquila.
Para entonces, ya había gestionado los recursos nacionales e internacionales para construir el edificio, diseñado manuales de procedimiento y creado agencias especializadas del Ministerio Público en delitos como feminicidio.
La decisión marcó un punto de quiebre en su trayectoria, pero también fortaleció −dice− su convicción ética: “He tomado decisiones que han sido trascendentales en mi vida y que volvería a tomar de ser necesario.”
Desde 2013 ha trabajado en el campo penal: ha coordinado equipos ministeriales, asesorado a peritos y fiscales, y acompañado casos complejos como feminicidio y trata. Conoce los procesos desde dentro y asegura que, de ser electa, sabrá sumar su experiencia a la estructura judicial ya existente: “Yo llegaría a sumarme a un equipo que lleva ya una experiencia… y a sumar también la mía.”
“Actualmente están dando una o dos audiencias por día. Eso es absolutamente violatorio de un principio fundamental en el proceso penal, que es que la justicia sea expedita”, lamenta la entrevistada. Agrega que su compromiso será desahogar las audiencias necesarias para combatir el rezago en el juzgado federal penal de Zacatecas.
Su misión como jueza, enfatiza, será vigilar que los derechos de todas las partes sean respetados durante el proceso penal. Le corresponderá calificar si una detención fue legal o no, asegurarse de que no haya ocurrido bajo tortura o mediante otros tratos violatorios de derechos.
También considera esencial verificar que la víctima cuente con una asesoría jurídica adecuada y que el Ministerio Público cumpla correctamente con la presentación de hechos y pruebas. En el mismo sentido, advierte que, si el presunto responsable no dispone de una defensa efectiva, deberá intervenir y hacerlo constar en la audiencia.
Esa vigilancia activa —dice— no se limita a cumplir el procedimiento, sino a garantizar que cada persona sea tratada con dignidad y en condiciones de equidad. Desde esa base, defiende que la perspectiva de género no es una concesión ideológica, sino un instrumento técnico y obligatorio para hacer realidad el principio de igualdad ante la ley.
“La perspectiva de género es una herramienta metodológica, además de una obligación convencional y constitucional”, puntualiza. “Si una persona juzgadora no la implementa, puede ser motivo de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o de un amparo ante los tribunales federales”, agrega la defensora.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Política Social por la Universidad de Nottingham y en Sociología por la London School of Economics, donde cursó estudios con la beca Chevening, Muñoz Galván ha trabajado con organismos internacionales, fiscalías estatales, universidades y organizaciones de mujeres.
Aunque critica que esta elección judicial ha estado marcada por restricciones que limitan el contacto con la población -“no nos permiten realizar reuniones en casas o en salones ejidales”-, ha recorrido plazas, mercados y espacios abiertos para dar a conocer su propuesta y trayectoria. En redes sociales, incluyendo su página facebook.com/MaraMunozGalvan, comparte ejemplos sobre cómo la justicia con perspectiva de derechos puede corregir desigualdades y transformar vidas.
