“En la Revolución, con Emiliano Zapata, tuvimos tierra y libertad. Ahora el gobierno nos quiere quitar la tierra, pero nos vamos a defender”, afirmaron ejidatarios de Corrales y Guadalupe, municipio de Jiménez del Teul, sobre la construcción de la presa Milpillas anunciada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan Hídrico Nacional.
Explicaron que ese proyecto afectará a las comunidades de la región porque tendrá un impacto irreversible en su forma de vida y, de ser construida la presa, habrá desplazamiento forzado.
Aunque el discurso de las autoridades es que la presa permitirá el abastecimiento de agua a los municipios de Fresnillo, Calera y Zacatecas, afirmaron que el motivo real es para abastecer a la empresa cervecera y mineras ubicadas en esa zona y que ya han agotado los acuíferos.
Los ejidatarios, quienes prefirieron omitir sus nombres, dijeron que el gobierno federal y estatal quieren imponer el proyecto a la fuerza y es falso que haya negociaciones para que los ejidos lo acepten.
“La Secretaría de Agua y Medio Ambiente ha sacado comunicados de que todas las comunidades estamos de acuerdo en que se haga ese proyecto y que las negociaciones van bien con los ejidos, pero eso es una gran mentira porque aquí nunca han venido a hablar con las comunidades”, expresó un representante ejidal de Corrales.
Calificaron como “increíble” que el gobierno estatal y federal, que se supone están para representar los intereses de la gente, tomen decisiones que destruyen el territorio de las comunidades como se pretende con la presa Milpillas. “¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Qué clase de representantes tenemos? Eso no se vale y vamos a luchar para que no se haga ese proyecto”.
También cuestionaron que la presidenta haya anunciado la presa de Milpillas como si ya estuviera todo listo para iniciar, lo que significa que quieren imponer el proyecto por encima de los derechos que tienen los ejidos y las comunidades para preservar sus recursos naturales.
Según expusieron, ese proyecto devastará el ecosistema de la región, ya que todas las comunidades de la región son abastecidas de agua por medio de “veneros” que, al momento de hacer una perforación o romper una de ellas, automáticamente dejarían a la gente sin agua.
“Lo que nosotros vemos es que este proyecto es una imposición del gobierno porque ya están dando pauta para comenzar una obra, cuando ni siquiera tienen una determinación de los pueblos sobre si quieren este proyecto”, agregó.
Además, manifestaron que sería injusto que se les despoje de sus territorios a pesar de que estos los han heredado “desde que Villa y Zapata nos dieron tierra y libertad, cosa que ahora nos quieren quitar”.
“Nosotros somos descendientes de indios que aquí se establecieron hace mucho tiempo, y ahora parece que regresamos a la Conquista, cuando España vino y se agarró el territorio con imposición. ¿Qué no se acabó eso? ¿Ahora los mismos mexicanos nos van a quitar la tierra?”.
Desde la perspectiva legal, dijeron que ningún ejido ha firmado un documento en el que aprueben la construcción de la presa Milpillas y eso les ayudará a defender sus recursos naturales.
Recordaron que hay actas de asambleas en donde los ejidos acordaron que no permitirán que se realice el proyecto y estas tienen validez legal, pero si el gobierno no las respeta significará que quieren imponer la presa ilegalmente.
Luego del anuncio de la presidenta Sheinbaum Pardo, informaron que realizarán campañas informativas en todas las comunidades para que toda la gente conozca las implicaciones que tendría esa presa en sus comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado porque se modificaría su forma de vida de manera irreparable.
Recordaron que las empresas y el gobierno han pretendido dividir a las comunidades ofreciéndoles dinero, pero “¿qué dinero pueden ofrecer para dar estabilidad y una vida digna a una persona que tiene su vida hecha aquí en su comunidad? Piensan que, como es gobierno, nadie puede contra ellos, pero hay derechos que tienen que respetar”.
Detallaron que los ejidos de Corrales, Guadalupe, Potrero, Jiménez del Teul y Atotonilco, que serían las más afectadas, continuarán con su proceso organizativo para defender su territorio.
Por último, manifestaron su confusión por el discurso del gobierno de que “primero el pueblo” y que “no se vale un gobierno rico y el pueblo pobre”, pero con este proyecto “parece que son solo mentiras porque afectarán a la gente”.
