Marco Antonio Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), expresó su postura ante la reciente aprobación de la reforma constitucional número 20, que eleva el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a nivel constitucional, acusando a la actual administración de “gobernar con los pies”.
Inguanzo expresó su crítica para el medio, centrándose en dos aspectos principales: la inclusión de programas sociales en la Constitución y las deficiencias inherentes al diseño del programa en sí.
En primer lugar, Inguanzo planteó una reflexión fundamental sobre la conveniencia de inscribir programas sociales dentro de la Constitución, lo que considera un “desatino” desde una perspectiva técnica.
“Cuando tú los metes a la Constitución, es un problema porque te amarran las manos para generar nuevas estrategias, fusionar programas, hacerlo con otros, etc. explicó
Mencionó que la Constitución debe contener los grandes principios y criterios que orienten la política social del país, pero no debería entrar en el detalle de incluir programas específicos.
En lugar de crear una estructura rígida, la Constitución debe ofrecer el marco normativo que permita la adaptación y modificación de las políticas públicas, según lo exijan las circunstancias.
“Lo que debe de ir en la Constitución son grandes criterios, lo que sí pueden poner son los criterios para conducir la política social en México,” afirmó.
Añadió que este proceso comenzó en 2004, cuando se elaboró e incorporó la Ley de Desarrollo Social, que introdujo una serie de elementos lo que permitió la creación del Coneval, entre otros avances.
En cuanto al programa en sí, también expresó serias reservas sobre su diseño y su implementación. Aunque reconoce que el objetivo original del programa es loable, considera que el diseño inicial fue deficiente. Señalo que el análisis de la evaluación de Coneval sobre los 17 programas prioritarios del gobierno que inició en 2018, todos, sin excepción, fueron reprobados.
En cuanto a «Jóvenes Construyendo el Futuro», Inguanzo destacó que, según su revisión, “estaba todo mal diseñado”.
Asimismo, mencionó que, al principio, el programa tenía un presupuesto de 40 mil millones de pesos, pero, tras una evaluación de diseño, el monto se redujo a 27 mil millones de pesos, lo que representó una disminución del 40%. Este ajuste abrupto y sin precedentes en la política pública le parece, desde el punto de vista de la gestión de programas, un cambio poco usual y problemático.
El motivo de este ajuste, según Inguanzo, fue un cambio en el objetivo del programa.
“Eso, en términos programáticos, en política pública, es una cosa muy rara. Ese cambio de un año a otro, generalmente los programas van generando cierta inercia porque van cumpliendo metas poco a poco y no tienen estos cambios tan bruscos” dijo.
Otro de los puntos más críticos que planteó es la falta de transparencia en la evaluación del programa. Según su testimonio, tanto él como otros investigadores han solicitado información detallada sobre los resultados de los egresados del programa, como el porcentaje de jóvenes que realmente lograron estabilidad en el mercado laboral, pero estas solicitudes han sido sistemáticamente ignoradas.
“Entonces tú puedes decir, de los egresados de tu programa, ¿Cuántos consiguieron el objetivo? ¿Qué porcentaje de los jóvenes se quedaron y consiguieron estabilidad en el mercado de trabajo? ¿Y cuáles no? O sea, ¿Cuál es el nivel de éxito del programa? Bueno, esos datos de evaluación tan importantes no han sido transparentados, los negaron” agregó.
Esto, dijo, es particularmente grave cuando se pretende justificar el éxito del programa sin contar con una base sólida de datos y evidencias verificables. Por lo que planteó la pregunta fundamental: “¿Sobre qué bases, sobre qué evaluación, sobre qué datos o estudios objetivos, están diciendo que tuvo un buen impacto?”
Según él, la falta de una visión clara y coherente en el diseño de estos programas es indicativa de una gestión política errática, basada más en cálculos electorales que en un análisis profundo de las necesidades de la sociedad.
“Están gobernando con los pies y no están gobernando con la cabeza. Y además con los pies que caminan con puros criterios electorales”.
Asimismo, aprovecho para lamentar el retroceso en la construcción de indicadores y en la cultura de la evaluación, provocado por la reducción de autonomía al Coneval y fusión con el INEGI, lo que dificultaría, agregó, la evaluación objetiva y rigurosa de los programas.
“México ha logrado avances significativos en las últimas décadas en términos de construcción de indicadores y cultura de la evaluación… pero hemos experimentado un retroceso enorme” concluyó.
