Cuarenta y tres años después de aquel ominoso acontecimiento conocido como “El Jueves de Corpus”, las calles contiguas al metro Normal en la Ciudad de México fueron, nuevamente, punto de encuentro para que esta vez el legendario Comité 68, la CNTE, el SME, el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de Atenco y diversos grupos estudiantiles y organizaciones políticas, iniciaran, camino al Zócalo, una marcha en repudio a la política criminal del régimen.
En la capital del país, el 10 de junio de 1971, una manifestación en apoyo a los estudiantes de Monterrey que demandaban autonomía para la UNL, fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”. En los días previos a la masacre, grupos y agentes policiacos habían comenzado a patrullar los alrededores del Casco de Santo Tomás, pues se tenía información de que la marcha partiría de ese lugar con destino al Zócalo.
Aquel “Jueves de Corpus”, granaderos y agentes policíacos, bloquearon las calles impidiendo el paso a la manifestación estudiantil. “Los Halcones”, que habían llegado al lugar en transportes oficiales, arremetieron contra los estudiantes armados con varas de bambú y palos de kendo, inicialmente, pero luego prescindieron de los garrotes para utilizar armas de fuego de alto calibre… La policía ahí presente, tenía órdenes de no intervenir por lo que permaneció expectante, permitiendo la masacre… El tiroteo dejó decenas de muertos y heridos; los heridos fueron trasladados al Hospital General Rubén Leñero, pero “Los Halcones” llegaron hasta allí y remataron a los jóvenes en el quirófano. Se habla de 120 muertes.
Dolosamente, el entonces presidente Luis Echeverría, anunció una investigación prometiendo castigar a los culpables. El regente de la Ciudad de México -Alfonso Martínez Domínguez- negó por su parte que hubiera “Halcones” mientras que los jefes policíacos atribuyeron a los propios estudiantes el haber creado “grupos extremistas” dentro de su movimiento. Fue gracias a la evidencia gráfica de periodistas agredidos, que la autoridad aceptó más tarde la existencia de “Halcones”, aunque aseguró no estar involucrados con la matanza. Sin embargo, Martínez Domínguez hubo de entregar su renuncia el 15 de junio para encubrir la responsabilidad presidencial; desde entonces –“don Alfonso”– adoptó el mote popular de «don Halconzo»… Años más tarde, durante el gobierno de José López Portillo, “su silencio” sería “recompensado” con la gubernatura del estado de Nuevo León (1979-1985).
¿Pero, quienes eran “Los Halcones”? Hoy se sabe que este grupo paramilitar fue creado y entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la C.I.A. como grupo de choque para evitar otro movimiento popular del tamaño del movimiento estudiantil de 1968. Su primera participación fue el 2 de octubre de 1969, precisamente durante el primer aniversario de la matanza de Tlatelolco. Algunos de sus integrantes provenían de clubes deportivos; otros eran «porros» de las universidades, militares y hasta «veteranos» de la matanza de Tlatelolco; el resto, pandilleros liberados de las cárceles de la ciudad con la promesa de buen sueldo al ingresar al destacamento.
Han transcurrido 43 años de lucha sin que los culpables –entre ellos el ex presidente Luis Echeverría Álvarez– hayan sido castigados por ese crimen “de lesa humanidad”. Aquella manifestación reprimida con metralla, solo demandaba la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por alumnos y profesores, apertura democrática, libertades y educación de calidad para todos, en especial, para campesinos y obreros….
La demanda de libertades persiste hasta nuestros días. La manifestación del pasado 10 de junio en memoria de los caídos exigió, desde el Zócalo capitalino, se eliminen las normas y protocolos que criminalizan la protesta social; llamó a la unidad del pueblo para echar abajo las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. “Reapertura de los procesos judiciales del 10 de junio de 1971 y juicio y castigo a Luis Echeverría”. Exigió la “libertad a los presos políticos; presentación con vida de detenidos-desaparecidos; alto a la Reforma Educativa; defensa de la educación pública y gratuita; el rescate de la nación y de la Ciudad de México”. En una de las mantas se leía: “En México los crímenes de Estado no se castigan: Díaz Ordaz-Tlatelolco, Echeverría-Casco de Santo Tomás, Zedillo-Acteal, Peña Nieto-Atenco”.
Ciertamente, estos y otros crímenes de Estado siguen impunes y los responsables directos como Díaz Ordaz (1911-1979) y Alfonso Martínez Domínguez (1922-2002), han empezado a morir de muerte natural, sin haber recibido castigo y sin haber revelado nunca nada. La Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado que “se responsabilizó” del caso 10 de junio, no pudo arrancar una sola confesión a Martínez Domínguez en su casa de la Colonia del Valle, en San Pedro, Garza García N.L., ni en el hospital donde pasó los últimos días.
Una pequeña luz de esperanza apareció cuando el 8 de julio de 2006 se pudo revocar la decisión que había declarado prescritos los delitos de genocidio. En noviembre del mismo año, se declaró responsable al expresidente Luis Echeverría Álvarez así como su formal prisión pero, en 2009, fue exonerado “definitivamente” al no encontrarse suficientes pruebas en su contra. La herida sigue abierta y los culpables libres… ■
